Santo Domingo.– La Asociación de Vecinos de Cuesta Brava presentó un recurso de oposición contra la Constancia Ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente al proyecto “Residencial Balcones de la Rivera”, promovido por la empresa Constructora Danny Santos Compres S.R.L.
Según denuncian los comunitarios, dicho permiso viola las propias regulaciones ambientales, y acusan a la constructora de haber talado especies protegidas como caobas y samanes, además de provocar el derrumbe de una loma, convertida de forma irregular en una mina de extracción de caliche, todo esto sin las autorizaciones correspondientes.
La zona afectada forma parte del Cinturón Verde de Santo Domingo, un ecosistema frágil que antes de las intervenciones era un bosque húmedo sombreado.
Además, la asociación denuncia que el proyecto —que contempla la construcción de 144 apartamentos y una plaza comercial— exhibe un permiso de uso de suelo mixto (comercial/habitacional) otorgado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), cuatro meses después de la entrada en vigencia de la Ordenanza No. 2/2023.
Esta ordenanza, en su artículo 3, establece que la zona está clasificada como R-1, lo que prohíbe expresamente edificaciones multifamiliares y proyectos comerciales.
“En estos sectores no habrá posibilidad de edificaciones de uso habitacional multifamiliar… no están permitidos ni apartamentos ni plazas comerciales”, cita el documento legal.
Según los vecinos, este proyecto viola directamente los dos objetivos fundamentales del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del ADN:
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La protección del medio ambiente en zonas vulnerables.
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El control de la densidad urbana.
“Exigimos que se apliquen las normas sin excepciones. No puede haber un trato privilegiado para la Constructora Danny Santos. Se trata del bienestar de nuestras comunidades y la integridad de nuestro entorno natural”, afirmaron representantes de la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava.
La comunidad exige a las autoridades competentes —tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al Ayuntamiento del Distrito Nacional— que anulen los permisos otorgados irregularmente y que se investiguen las posibles faltas administrativas o penales cometidas.
