La reciente intervención de la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en el taller “Acciones preventivas para líderes comunitarios” puede parecer una medida positiva en la lucha contra la delincuencia, pero es necesario cuestionar si esta estrategia de seguridad comunitaria realmente aborda las raíces del problema o si, por el contrario, se limita a un maquillaje de buenas intenciones que no impacta directamente en las estructuras del poder y la falta de recursos.
La fiscal, al resaltar la colaboración entre la comunidad y las autoridades como un eje central de la prevención del delito, parece pasar por alto la profunda desconexión entre las comunidades más vulnerables y el sistema de justicia, que a menudo se percibe como una máquina indiferente y burocrática. La realidad es que, en muchos sectores, los ciudadanos se sienten desamparados y abandonados por el Estado, y actividades como estas, aunque loables, podrían no ser suficientes para construir la confianza perdida.
Si bien el enfoque en la mediación y el diálogo es acertado, no se puede ignorar que, en muchas ocasiones, estos métodos son desplazados por la violencia estatal, la corrupción y la impunidad. La fiscalidad comunitaria y el fortalecimiento de las redes sociales, aunque necesarios, no sustituyen la urgente reforma institucional que necesita el sistema judicial y de seguridad pública.
Además, la insistencia en que “la comunidad, la iglesia y la familia” son responsables de la reducción de los conflictos sociales refleja una visión simplista de los problemas sociales. No se puede culpar exclusivamente a estos actores cuando el verdadero desafío radica en la falta de inversión en políticas públicas efectivas y en la escasa voluntad política para atacar las causas estructurales de la violencia.
Este tipo de eventos, que reúnen a líderes comunitarios y representantes del Estado, corren el riesgo de convertirse en ejercicios de “buenas prácticas” sin un impacto real. Mientras el discurso oficial celebra avances en la reducción de homicidios, la realidad en los barrios sigue siendo de tensión y desconfianza, donde las promesas de seguridad quedan en el aire.
En conclusión, la prevención del delito debe ir más allá de discursos y talleres. Se necesita un compromiso tangible y a largo plazo con la justicia social, la inversión en educación y bienestar social, y una profunda reforma en las fuerzas de seguridad para que el cambio sea real y no solo una fachada que oculta el descontrol.
