La Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos condenaron este lunes la represión exacerbada en Venezuela, tras la presentación del más reciente informe de la ONU, y exigieron la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente luego de las elecciones presidenciales de 2024.
Durante las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, las delegaciones denunciaron las violaciones descritas en el documento y reclamaron acciones concretas al régimen de Nicolás Maduro para poner fin a la persecución política.
La UE manifestó su “profunda preocupación” por los actos de represión contra disidentes, pidió investigar los hechos y que los responsables rindan cuentas. Asimismo, exigió el cese de las detenciones arbitrarias, la liberación de todos los presos, incluidos extranjeros, y el retiro de las acusaciones contra las ONG.
España respaldó la postura europea, advirtiendo que la represión se intensificó tras los comicios de 2024, y denunció que actualmente tiene 4 ciudadanos y 16 doble nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela.
Apoyos de la región
Argentina condenó la práctica de detener y aislar a extranjeros, calificándola como desaparición forzada. El embajador Carlos Mario Foradori mencionó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, aún preso, y expresó la esperanza de que Venezuela “se contagie de un virus maravilloso, el del respeto a la vida, la democracia y la libertad”.
Chile calificó como alarmante el informe, al considerar que confirma la reactivación de la represión contra la oposición y la disidencia, mientras que instó al Estado venezolano a cesar esas prácticas.
Brasil expresó preocupación por las detenciones políticas, aunque también manifestó inquietud por las sanciones unilaterales contra Caracas, a las que atribuyó impacto en los derechos humanos. Incluso denunció supuestos ataques de Estados Unidos a barcos venezolanos, que calificó de posibles ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.
Paraguay advirtió que la situación de derechos humanos se agravó tras los comicios, mientras que Perú denunció el acoso a periodistas y exigió información sobre dos ciudadanos peruanos detenidos arbitrariamente.
Críticas de la OEA y respaldo de aliados de Maduro
La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó que el Consejo Nacional Electoral aún no publique las actas de recuento a más de un año de las elecciones, lo que socava la credibilidad del proceso. Además, denunció que no hay responsables por las 25 ejecuciones reconocidas por el Estado durante las protestas postelectorales, y afirmó que las instituciones venezolanas operan como instrumentos para perpetuar al gobierno en el poder.
En contraste, solo países aliados como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue defendieron a Caracas, cuestionando la legitimidad de la misión de la ONU y rechazando las sanciones internacionales.
Informe de la ONU
El informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, que cubre de septiembre de 2024 a agosto de 2025, documenta torturas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia en el periodo posterior a las elecciones.
La presidenta de la comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, aseguró que las investigaciones confirman que persiste “el crimen de persecución por razones políticas” y advirtió que en Venezuela no existe autoridad nacional capaz de sancionar las graves violaciones de derechos humanos, por lo que la comunidad internacional representa la única esperanza de justicia para las víctimas.
Valiñas detalló que de las 25 muertes registradas, al menos 14 fueron verificadas y en 12 de ellas estuvieron implicadas fuerzas de seguridad. Recordó que en las protestas de Maracay (Aragua), miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra manifestantes, dejando seis muertos, entre ellos una víctima alcanzada a menos de 10 metros de distancia con una escopeta.
Denunció además que, un año después, la Fiscalía no ha presentado resultados de las investigaciones y, por el contrario, responsabilizó a la oposición.
“Hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, concluyó la jefa de la comisión, reiterando que la persecución política y la represión sistemática en Venezuela continúan vigentes en 2025.
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