La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró al exoficial Affe Gutiérrez como víctima de abuso de poder por parte del Estado dominicano, al determinar que las autoridades actuaron con arbitrariedad e inobservancia de las garantías constitucionales.
El tribunal ordenó el pago de una indemnización superior a los 10.9 millones de pesos como compensación por los daños morales, físicos y profesionales sufridos por Gutiérrez, decisión que sus abogados calificaron como la más alta otorgada en la historia judicial dominicana por prisión preventiva injusta.
UN PRECEDENTE HISTÓRICO EN LA JUSTICIA DOMINICANA
Durante una rueda de prensa, los abogados Carlos Moreno y Manuela Carrasco, representantes legales de Affe Gutiérrez, destacaron la importancia del fallo, señalando que el mismo marca un precedente trascendental en el Derecho Administrativo dominicano.
“Este veredicto demuestra que la justicia puede reivindicar los derechos vulnerados de un ciudadano inocente y frenar los abusos institucionales”, expresó la abogada Manuela Carrasco.
TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA
Por su parte, Affe Gutiérrez, esposo de la periodista Sarah Pepén, calificó la sentencia como un acto simbólico de justicia, aunque lamentó que “ninguna cantidad de dinero puede devolver el tiempo perdido ni borrar el daño causado”.
“He sufrido en carne propia las consecuencias de una acusación injusta. Agradezco al tribunal por reconocer mi inocencia, pero todavía espero una disculpa pública y sanciones para los responsables”, manifestó Gutiérrez.
CONTEXTO DEL CASO
Gutiérrez fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia bajo acusaciones de homicidio, de las cuales fue posteriormente exonerado. Tras su absolución, emprendió una acción legal contra el Estado dominicano en reclamo por la violación de sus derechos fundamentales.
El fallo del TSA establece un precedente importante en la lucha contra el abuso de poder y la prisión preventiva injustificada, enviando un mensaje claro sobre la obligación del Estado de actuar con transparencia y respeto al debido proceso.
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