Washington, D.C. – El gobierno del presidente Donald Trump presentó este viernes una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para reanudar la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, invocando una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
La solicitud surge luego de que una corte federal en Washington bloqueara temporalmente las deportaciones y ordenara el retorno de aviones con migrantes a territorio estadounidense. El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que las cortes federales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas delicadas y que los migrantes deben presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde se encuentran detenidos.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para justificar la deportación de cientos de migrantes venezolanos bajo una proclamación presidencial que califica a la pandilla Tren de Aragua como una “fuerza invasora”.
En su fallo, el juez federal James E. Boasberg dictaminó que los inmigrantes deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos miembros de pandillas, argumentando que existe un “fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
La Casa Blanca ha calificado la decisión judicial como una intromisión en la autoridad del presidente para manejar asuntos de seguridad nacional. La procuradora general interina, Sarah Harris, advirtió en su apelación que el fallo de Boasberg “corre el riesgo de efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas”.
El caso ha intensificado la tensión entre el gobierno de Trump y el poder judicial, en un momento en que el mandatario y sus aliados han pedido la destitución del juez Boasberg. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó tales llamados y afirmó que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Mientras se espera la decisión de la Corte Suprema, el caso se ha convertido en un tema clave dentro del debate sobre inmigración y seguridad nacional en Estados Unidos.
