El gobierno del presidente Donald Trump inició esta semana nuevos operativos migratorios en Boston y Chicago, dos ciudades con gobiernos demócratas que mantienen políticas de protección hacia las comunidades migrantes.
El incremento de la presencia de agentes federales llega en medio de las amenazas del mandatario de desplegar la Guardia Nacional e incluso efectivos militares en zonas que considera con altos índices de inmigración irregular. Sin embargo, autoridades locales, expertos legales y defensores de derechos humanos han advertido que esta medida podría ser “ilegal y violatoria de los derechos fundamentales”.
POSICIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que los operativos estarán enfocados en detener a “extranjeros criminales ilegales” que, según sus reportes, “han acudido en masa a Chicago porque saben que las políticas de santuario del gobernador los protegerán y permitirán estar libres en las calles de EE.UU.”.
Medios locales informaron que alrededor de 300 agentes federales ya están apostados en la estación naval Great Lakes, al norte de Chicago, para reforzar las acciones de detención y deportación.
RECHAZO DE AUTORIDADES LOCALES
Las alcaldías de Chicago y Boston han expresado un rechazo contundente a los operativos, asegurando que violan la autonomía de los gobiernos locales y afectan la seguridad comunitaria.
En Chicago, la administración mantiene políticas que restringen la cooperación con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo que los migrantes accedan a programas sociales sin importar su estatus legal.
DEFENSORES ALERTAN SOBRE IMPACTO HUMANITARIO
Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que las llamadas “políticas de santuario” son fundamentales para la seguridad pública, ya que permiten a los migrantes denunciar delitos o abusos sin temor a ser deportados. Asimismo, aseguran que los operativos podrían generar miedo y desconfianza, dificultando la colaboración de las comunidades con las autoridades.
El aumento de la presencia federal intensifica el choque político entre la administración Trump y los gobiernos locales demócratas, mientras organizaciones civiles advierten que la situación podría desencadenar una crisis social en ambas ciudades.
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