Las amenazas del presidente Donald Trump de desplegar tropas militares en Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas han generado alarma nacional y un intenso debate sobre la legalidad constitucional de la medida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que esta semana inició operativos en Chicago y Boston con agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras varios medios locales reportan un aumento visible en la presencia de fuerzas federales.
TRUMP APUNTA A CIUDADES “SANTUARIO”
El llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, uno de los principales asesores de Trump, adelantó que el gobierno planea enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades santuario —aquellas que protegen a la comunidad migrante— en los próximos días.
Si se concreta, Chicago y Boston se convertirían en la tercera y cuarta ciudad, después de Los Ángeles y Washington D.C., en recibir tropas federales en menos de ocho meses de mandato de Trump. Además, el presidente advirtió que Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland también están “bajo la lupa”.
CRÍTICAS Y ALERTAS LEGALES
Juristas y expertos en derechos constitucionales han expresado su preocupación. Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, advirtió:
“El despliegue de tropas para ocupar ciudades no puede promover el orden público. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder que va en contra de la Constitución y de la soberanía de los estados”.
La medida enfrenta demandas judiciales, especialmente tras el fallo reciente de un juez federal que declaró “ilegal” el despliegue de tropas en California, al acusar al presidente Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de “intentar crear una fuerza policial nacional liderada por la Casa Blanca”.
LA BATALLA LEGAL: POSSE COMITATUS Y LEY DE INSURRECCIÓN
El fallo argumenta que Trump violaría el Posse Comitatus Act, que prohíbe a las fuerzas armadas realizar labores policiales salvo en casos autorizados por la Ley de Insurrección.
El gobierno defiende que la medida busca aplicar la ley federal y combatir el crimen en las ciudades, pero especialistas como Liza Gotein advierten que esta justificación es insuficiente:
“Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir la delincuencia sería un abuso de poder sin precedentes que viola los derechos de los estados”.
USO DE LA GUARDIA NACIONAL DE OTROS ESTADOS
Para evadir los obstáculos legales, la Casa Blanca analiza movilizar tropas de la Guardia Nacional de otros estados. Según denunció el gobernador de Illinois, JB Pritzker, el gobierno busca que Texas envíe efectivos a Chicago, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.
Expertos advierten que esta maniobra podría violar el artículo IV de la Constitución, que protege la soberanía de los estados, y abrir la puerta a una batalla legal en la Corte Suprema.
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