Por: Leidy Esmeralda
San Juan. El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, realizó un recorrido de supervisión en las obras de construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Pedro Corto, en San Juan, y el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley, en Santa Cruz, Barahona.
Durante la visita, Bonilla estuvo acompañado por Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria y asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario.
CCR de Pedro Corto
El CCR Pedro Corto, construido sobre 31,250 metros cuadrados, contará con capacidad para más de 900 internos, incluyendo 75 mujeres y 846 hombres. Este espacio fomentará la reinserción productiva de los privados de libertad en la sociedad.
En el recorrido, el ministro aseguró:
“Confíen en nosotros, que vamos a garantizar que este proyecto estará listo y funcionando de manera óptima.”
La estructura incluirá cinco edificios de alojamiento, celdas conyugales, edificios de reflexión y máxima seguridad, áreas educativas, dispensario médico, iglesia, salón multiusos y zonas deportivas, entre otras instalaciones.
Actualmente, se trabaja en la construcción de la malla ciclónica interior, la adecuación de los baños y la terminación de superficies exteriores.
Centro de corrección para adolescentes en Barahona
Este centro, con capacidad para albergar a más de 200 menores de edad, se desarrolla en un área de 2,360 metros cuadrados. Contará con casas para internos, talleres multiusos, invernaderos, canchas deportivas, centro educativo, dispensario médico, y otras instalaciones enfocadas en la reinserción y formación integral.
El ministro destacó la importancia de la participación comunitaria en el proyecto, afirmando que estará abierto a sugerencias para mejorar la obra.
Por su parte, la gobernadora de Barahona, Genara González, expresó satisfacción con los avances y estimó que el centro será entregado entre abril y mayo.
Impacto de los proyectos
Estos centros forman parte de una estrategia integral que busca reducir la reincidencia mediante programas educativos, psicosociales y de justicia restaurativa, promoviendo la reinserción productiva de los internos.
Ambos proyectos cuentan con el respaldo de representantes comunitarios, religiosos y ambientales, quienes participaron activamente durante las supervisiones.
