Legisladores de distintos bloques del Senado manifestaron este miércoles sus reservas respecto a la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto artículos de las normas disciplinarias de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que imponían sanciones por relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.
El fallo del TC declaró inconstitucionales las disposiciones del artículo 210 del Código de Justicia de la Policía y del artículo 260 del Código Militar, al determinar que estas normas vulneraban principios constitucionales como igualdad, proporcionalidad y no discriminación.
Posturas encontradas en el Senado
Diversas voces legislativas reaccionaron al dictamen:
- Santiago José Zorrilla, senador del oficialismo, expresó que la sentencia provoca preocupación dentro de sectores conservadores, al recordar que “la Constitución dominicana no reconoce un marco jurídico para uniones entre personas del mismo sexo”.
- Desde la oposición, Eduard Espíritusantos sostuvo que decisiones de este tipo “generan inquietud en una sociedad que se sustenta en valores tradicionales”. Afirmó que respeta la vida privada, pero insistió en que el Estado debe preservar “normas alineadas con la cultura dominicana”.
- De manera más drástica, el senador Bernardo Alemán declaró que considera incompatible la orientación sexual diversa con la carrera castrense, posición que ha generado debate entre juristas y organizaciones de derechos humanos.
Lo que establece el Tribunal Constitucional
La sentencia TC/01225/25 concluye que la orientación sexual de un miembro de los cuerpos castrenses no puede constituir, por sí sola, motivo de sanción disciplinaria ni penal. El tribunal explicó que la normativa derogada castigaba exclusivamente relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, sin vinculación con faltas al servicio o compromisos de la función pública.
El Tribunal subrayó que la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad están protegidos por la Constitución, siempre que las conductas no afecten el orden institucional ni la disciplina de los cuerpos armados.
La decisión continúa generando reacciones en el ámbito político, social y jurídico, mientras expertos anticipan un debate más amplio sobre el futuro del marco regulatorio de las instituciones castrenses.
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