SANTO DOMINGO.– Este sábado se cumplen dos meses del trágico colapso ocurrido en la antigua discoteca Jet Set, que la madrugada del 8 de abril se convirtió en la peor tragedia civil registrada en la historia contemporánea de República Dominicana.
El derrumbe del local, ubicado en la avenida Independencia del Distrito Nacional, dejó un saldo devastador: 236 personas fallecidas, más de 150 heridos, 174 niños huérfanos y dos personas aún hospitalizadas, una de ellas en cuidados intensivos.
A pocas horas del aniversario de la tragedia, un vehículo colisionó el pequeño altar conmemorativo erigido por los familiares en las afueras del antiguo local. Aunque el incidente no dejó lesionados, varios carteles y objetos fueron dañados, lo que generó indignación entre los presentes.
CIFRAS DEL IMPACTO
Según datos oficiales, el colapso afectó de manera directa a 232 hogares. Actualmente, 205 familias reciben asistencia económica del Gobierno, mientras que 124 reciben apoyo psicológico y social por parte de entidades estatales.
Sin embargo, a pesar de la magnitud del desastre y del sufrimiento de los sobrevivientes, no se ha producido ninguna imputación formal. Hasta la fecha, ninguna persona ha sido judicialmente responsabilizada, lo que ha generado preocupación y frustración en distintos sectores de la sociedad.
INACCIÓN JUDICIAL Y DEMORA EN INFORMES
La tragedia de Jet Set se ubica entre las tres más mortales del mundo en incidentes de este tipo, solo superada por las ocurridas en Luoyang (China, 309 fallecidos) y Santa María (Brasil, 242 fallecidos). No obstante, el proceso judicial en República Dominicana ha sido lento y carente de transparencia, según denuncias de familiares y representantes legales.
De acuerdo con el Ministerio Público, más de 70 acciones legales han sido presentadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección de Persecución. No obstante, ni siquiera ha sido citado Antonio Espaillat, propietario del establecimiento.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad aún no ha presentado el análisis forense de la estructura colapsada, a pesar de que este lunes vence el plazo de 15 días otorgado para la entrega del informe técnico. Por otro lado, un equipo internacional, encabezado por un perito estadounidense, trabaja en su propia evaluación, cuyo resultado se espera en aproximadamente tres semanas.
CEREMONIAS, RECLAMOS Y MEMORIA
Este domingo se celebrará una nueva ceremonia religiosa en el lugar del suceso, sumándose a las múltiples vigilias, misas y homenajes que han tenido lugar desde el 8 de abril. La población, sin embargo, continúa reclamando acciones judiciales concretas y transparencia institucional.
Mientras tanto, la cifra oficial de asistentes a la fiesta aún no ha sido determinada. Versiones extraoficiales oscilan entre 300 y 800 personas. Esta falta de claridad ha profundizado la desconfianza ciudadana y la percepción de impunidad.
El país permanece a la espera de respuestas claras y de la rendición de cuentas sobre una tragedia que ha marcado profundamente a cientos de familias y a la nación entera.
