El Gobierno de la República Dominicana reiteró ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no reconoce legitimidad alguna a un régimen de facto en Venezuela, en coherencia con la posición asumida tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro como presidente.
La postura dominicana fue expuesta de manera virtual por el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada para analizar la situación política e institucional del país suramericano, tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina.
Durante su intervención, el diplomático dominicano subrayó que la República Dominicana mantiene una línea firme de respeto al orden democrático, al derecho internacional y a la voluntad popular, por lo que no puede conferir legitimidad a ninguna autoridad que se perpetúe al margen de procesos electorales libres, transparentes y verificables.
No obstante, Caraballo advirtió que la comunidad internacional tampoco puede ignorar los riesgos que el actual escenario representa para la estabilidad interna de Venezuela y la seguridad de su población.
“No podemos aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano. En este momento identificamos dos prioridades inmediatas: primero, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado y, segundo, la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática”, expresó.
La delegación dominicana reiteró su llamado a una solución pacífica, institucional y democrática, que permita a Venezuela encaminarse hacia un proceso de transición legítimo, con acompañamiento internacional y garantías para todos los sectores de la sociedad.
Con esta posición, la República Dominicana reafirma su compromiso con los principios democráticos del sistema interamericano y su responsabilidad como Estado miembro de la OEA en la defensa de la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los pueblos.
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