Por Luis Hernández
SANTO DOMINGO. – En un movimiento que ha generado fuertes reacciones en sectores políticos y comunitarios, Juana Barceló presentó su renuncia como presidenta de la minera Barrick Pueblo Viejo, una de las empresas más controversiales del país por su impacto ambiental y social.
La minera, que opera en la provincia Sánchez Ramírez, confirmó este miércoles que Giselle Valera Florencio asumirá la presidencia de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, empresa conjunta entre Barrick (60%) y Newmont (40%).
Aunque no se ofrecieron detalles sobre las causas de la renuncia de Barceló, la salida ocurre en un momento marcado por intensas críticas a la minera por parte de comunidades locales, organizaciones ambientalistas y sectores del Congreso, que cuestionan la ampliación del proyecto minero y sus posibles efectos sobre las fuentes hídricas.
¿Quién es Giselle Valera Florencio?
La nueva presidenta, Giselle Valera, es una reconocida especialista en relaciones gubernamentales, regulación energética y transacciones internacionales. Es egresada de Georgetown University Law Center, donde obtuvo una maestría en Negocios Internacionales y Economía, y posee un MBA en Finanzas Internacionales por UNIBE y Florida International University.
Valera tiene 16 años de experiencia en una de las principales firmas de abogados del país y ha sido reconocida como Joven Talento Nacional por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Además, formó parte de los Global Shapers del Foro Económico Mundial.
Sobre Barrick Pueblo Viejo
La mina Pueblo Viejo, ubicada a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, comenzó su desarrollo en 2009 y produjo por primera vez en 2012. Su fuerza laboral es 97 % dominicana, y actualmente se encuentra en el centro del debate nacional por la intención de expandir sus operaciones, lo que ha sido rechazado por múltiples comunidades que denuncian falta de transparencia y deterioro del medioambiente.
La renuncia de Barceló podría marcar un cambio de rumbo en la estrategia corporativa de la minera, que ahora deberá redoblar esfuerzos para recuperar la confianza pública y política.
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