Santo Domingo, R.D. – 15 de abril de 2025
En una decisión que ha encendido alarmas en círculos judiciales y entre la opinión pública, el abogado Jorge Luis Polanco presentó este martes su renuncia como coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público —una de las estructuras clave en la lucha contra la corrupción en República Dominicana— para asumir la defensa legal del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, cuyo colapso dejó 231 muertos y cientos de heridos.
La renuncia fue dirigida directamente al presidente de la República, Luis Abinader, y en ella Polanco justificó su decisión como un “acto de responsabilidad y ética profesional”, alegando la necesidad de evitar cualquier “confusión de roles” debido a su nuevo vínculo con el caso más sensible del país en este momento.
“He tomado la decisión de asumir la representación legal de la empresa propietaria del centro de entretenimiento Jet Set […] Por tales motivos, le presento formalmente mi renuncia”, señala la carta enviada por Polanco.
Sin embargo, la movida ha sido calificada por analistas como un “golpe simbólico” a la credibilidad del aparato judicial del Estado. ¿Cómo puede alguien que, hasta hace días, lideraba investigaciones para recuperar bienes del pueblo, pasar a defender a uno de los principales señalados en la tragedia más grande que ha sacudido al país en años recientes?
Críticos argumentan que esta renuncia no solo abre interrogantes sobre la independencia del proceso judicial, sino que también pone en evidencia las puertas giratorias entre el poder público y los intereses privados de alto perfil.
Mientras las familias de las víctimas aún entierran a sus muertos, el sistema comienza a mostrar grietas: el mismo abogado que debía velar por el patrimonio nacional ahora protege a un empresario al que muchos consideran responsable de una estructura colapsada y un sistema negligente.
Una renuncia técnica.
Una defensa millonaria.
Y un país que observa, entre la indignación y la sospecha.
