Este viernes en horas de la mañana se reinicia el conocimiento del sonado caso Calamar, uno de los procesos judiciales por corrupción administrativa de mayor impacto en la República Dominicana, en el que figuran como imputados Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, entre otros exfuncionarios.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana, donde la defensa de Gonzalo Castillo expondrá sus argumentos frente a las imputaciones que le formula el Ministerio Público, luego de que este agotara su presentación acusatoria en fases anteriores del proceso.
El expediente también incluye al exdirector de Casinos, Óscar Chalas Guerrero, y acusa a los encartados de sustraer aproximadamente 19 mil millones de pesos del Estado dominicano, mediante supuestos esquemas de corrupción relacionados con pagos por expropiaciones de terrenos.
El Ministerio Público imputa a los acusados por prevaricación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, alegando además que parte de los fondos obtenidos de manera irregular habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en el año 2020.
Durante el proceso, los querellantes privados presentaron sus posiciones, aunque la mayoría retiró sus querellas y abandonó el caso, argumentando que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley, al tratarse de fondos pertenecientes a propietarios de terrenos declarados de utilidad pública.
En el desarrollo del caso, Óscar Chalas Guerrero admitió los hechos, se declaró culpable y reintegró 17 millones de pesos, mientras que los demás imputados se han declarado inocentes, sosteniendo que no existió delito, ya que las tierras negociadas habían sido ocupadas por el Estado y pagadas conforme a sentencias judiciales.
La audiencia es presidida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. En torno al caso, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, afirmó que en el proceso se habría producido un “fraude procesal”, señalando presuntas irregularidades en el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, base de la acusación del Ministerio Público.
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