SANTO DOMINGO.– Una aparente reforma ambiental se ha convertido en una tormenta política, empresarial y social. Se trata del proyecto que modifica la Ley 225-20 de residuos sólidos, aprobado en el Senado en enero en dos lecturas consecutivas y declarado de urgencia. Para muchos, más que una solución ecológica, esta reforma esconde un lucrativo negocio que garantiza ingresos multimillonarios a grupos privilegiados bajo el manto del reciclaje.
La pieza, impulsada por el senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega), contempla una serie de cargas fiscales disfrazadas de “contribución especial obligatoria” para toda persona jurídica o entidad que declare ingresos ante la DGII, incluyendo iglesias, ONGs, fideicomisos y hasta instituciones del propio Estado.
Los montos van desde RD$1,200 hasta RD$10 millones anuales, con una indexación automática cada año. Estos pagos deben realizarse sin importar si la entidad tuvo o no beneficios. El nuevo “peaje verde”, como lo llaman algunos empresarios, ha sido duramente criticado por gremios industriales y comerciales que denuncian falta de consulta y un esquema que empuja a muchos a la informalidad.
“No es una ley de residuos, es una ley de recaudación encubierta”, dijo Alberto Leroux, presidente del CNCP. “Algunos tendrán que cerrar. Otros simplemente desaparecerán del mapa formal”.
UN NEGOCIO DE RD$12 MIL MILLONES
Detrás de la narrativa ambiental, lo que asoma es un sistema que garantiza contratos por más de RD$12,000 millones a operadores privados del negocio de la basura. Empresas que controlan la recolección y tratamiento de residuos por décadas, blindadas por acuerdos con el Estado y con escasa supervisión.
“No es el ciudadano quien gana, ni el municipio. Este es un negocio garantizado por el Estado a espaldas de los contribuyentes”, afirmó un exfuncionario de Medio Ambiente bajo condición de anonimato.
EXIGENCIAS IMPRACTICABLES
El proyecto también obliga a los fabricantes de envases plásticos a usar al menos un 30% de resina reciclada en su producción, sin importar las limitaciones tecnológicas del país. En el sector cementero, la reforma propone incorporar residuos en la mezcla del cemento, una medida que ha sido tachada de improvisada por expertos.
“Es un desconocimiento total del proceso industrial. No es solo meter basura al horno y ya”, advirtió Julissa Báez, directora ejecutiva de ADOCEM.
EL OTRO LADO: MUNICIPIOS RESPALDAN
Pese a las denuncias del sector empresarial, alcaldes como Raymundo Ortiz (San Pedro de Macorís), Junior de los Santos (Los Alcarrizos) y el Consejo de Alcaldes de Santiago han cerrado filas con la reforma. Alegan que el actual modelo de gestión de basura es insostenible y que el sector privado debe asumir su responsabilidad.
La realidad es que en 2023, la República Dominicana generó más de 7 millones de toneladas de residuos. Una parte mínima fue tratada adecuadamente. La mayoría terminó en vertederos a cielo abierto o arrojada en cañadas y calles.
UN FENÓMENO LATINOAMERICANO
El caso dominicano no es aislado. Países como México, Brasil y Argentina enfrentan problemas similares: leyes que parecen orientadas al medio ambiente pero que en la práctica benefician a contratistas con fuertes vínculos políticos.
“¿Quién regula realmente este negocio? ¿Quién fiscaliza la calidad de los contratos y la efectividad de los servicios?”, se preguntan analistas ambientales.
¿REFORMA AMBIENTAL O IMPUESTO ENCUBIERTO?
La modificación a la Ley 225-20 se encuentra ahora en la Cámara de Diputados, donde enfrentará el reto de ser discutida en medio de presiones cruzadas. Lo que está en juego no es solo la basura del país, sino quién se enriquece con ella.
La ciudadanía observa con escepticismo lo que parece una estrategia disfrazada para legalizar un nuevo esquema de recaudación, mientras los basurero
