SANTO DOMINGO. – En una rueda de prensa realizada el pasado 31 de octubre, el canciller Roberto Álvarez proclamó como un éxito el «Acuerdo de Delimitación Marítima entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos».
Álvarez anunció con entusiasmo que el país ganaría 11 millas náuticas cuadradas (equivalentes a 37.7 kilómetros cuadrados) de área marítima, lo que según él, consolidaría la soberanía dominicana.
Sin embargo, las declaraciones del canciller se han visto empañada por revelaciones que sugieren que esta expansión no es un logro, sino un ajuste de coordenadas basado en datos cartográficos de 1956 y 1969, actualizados mediante tecnología GPS.
De acuerdo con analistas, el acuerdo simplemente corrige errores de medición anteriores y no otorga nuevas concesiones marítimas.
Expertos en derecho internacional han señalado que el proceso de negociación ignoró las reivindicaciones establecidas en la Ley núm. 66-07, que fundamenta las pretensiones del país en el marco del derecho internacional del mar.
Esto ha generado preocupaciones sobre la violación de la integridad territorial dominicana y un posible debilitamiento de su posición en futuros diálogos internacionales
Las declaraciones del canciller han suscitado un intenso debate, en el que se critica la falta de consideración hacia la legislación nacional y el uso de convenios previos con otros países como justificación. Se enfatiza que las comparaciones realizadas con acuerdos con Colombia y Venezuela son inapropiadas, dado que esos pactos fueron firmados bajo normativas ahora obsoletas.
De ese mismo modo, se ha exigido una revisión exhaustiva del acuerdo antes de su envío al Congreso Nacional, instando al presidente de la República a buscar un diálogo técnico que respete la dignidad y los derechos del pueblo dominicano en futuras negociaciones.
