A partir de 2026, la República Dominicana contará por primera vez con un registro nacional de agresores sexuales, una herramienta que busca reforzar la protección de la sociedad, en especial de niños, niñas y adolescentes.
La medida fue confirmada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien explicó que el sistema entrará en funcionamiento con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, promulgado recientemente por el presidente Luis Abinader.
“El nuevo Código Penal establece que se va a crear un registro de abusadores sexuales que no existe actualmente. Ese registro estará en manos del Ministerio Público, que será responsable de llevarlo de forma permanente, ubicar a los agresores y garantizar la vigilancia junto a la Policía Nacional en el territorio”, señaló Raful durante la rueda de prensa semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta.
Contexto y necesidad
La creación del registro se produce en medio de la alarma social por el incremento de casos de abuso sexual contra menores en el país. De acuerdo con Unicef, el 29 % de las víctimas de delitos sexuales reportados en la República Dominicana son menores de edad.
Uno de los casos más recientes fue el del niño Yostín, de 10 años, raptado, violado y asesinado por un hombre con antecedentes de abuso sexual, lo que evidenció debilidades en el sistema de control y seguimiento de agresores.
Base legal
El registro está contemplado en el artículo 29 del nuevo Código Penal, dentro del apartado de medidas de seguimiento sociojudicial. Su implementación busca cerrar los vacíos legales que hasta ahora impedían mantener un control permanente sobre quienes han cumplido condena por delitos sexuales.
Objetivos principales
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Prevención de reincidencias.
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Localización y seguimiento de los agresores sexuales condenados.
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Fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con un enfoque especial en la protección de la niñez y adolescencia.
Con esta medida, el Gobierno busca responder a una de las principales demandas sociales en materia de seguridad y protección de derechos, estableciendo un mecanismo inédito en el país para enfrentar la reincidencia de delitos sexuales.
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