Santo Domingo, R.D. – La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) denunció este lunes que el proyecto de ley 140-2, actualmente en discusión en el Congreso Nacional para regular los juegos de azar, fue elaborado sin consultar a los principales actores del sector, poniendo en riesgo la estabilidad de más de 1,800 bancas deportivas y cerca de 15,000 empleos directos e indirectos en todo el país.
Jeffry Espinal, miembro de ADOBAD, lamentó que los legisladores impulsaran una propuesta sin mesas de diálogo ni estudios técnicos con las asociaciones del área, calificando la iniciativa como “un peligroso atropello” para un segmento formalizado y que cumple funciones distintas a las bancas de lotería.
“No estamos en contra de la ley, pero se deben revisar cláusulas que afectan de manera desproporcionada al negocio de las bancas deportivas. Pedimos que nos escuchen y se haga un consenso”, sostuvo Espinal.
Impacto económico y social
En la misma línea, Nicolás Bahamón, consultor de ADOBAD, explicó que de aprobarse este proyecto tal y como está planteado, se pondría en jaque no solo la viabilidad de cientos de bancas deportivas, sino también la estabilidad de miles de familias que dependen económicamente de esa actividad.
“Esto podría generar un caos devastador para muchas comunidades, y los legisladores deben tomarlo en cuenta”, advirtió Bahamón.
Por su parte, Francisco Pérez, representante de la banca Juancito Sport, aclaró que existe una marcada diferencia entre las bancas deportivas, que operan bajo controles tecnológicos y fiscalización constante, y las bancas de números tradicionales, por lo que aplicarles las mismas restricciones sin distinción sería perjudicial e injusto.
“No podemos meter en el mismo saco a las bancas deportivas con las bancas de lotería. Operamos con parámetros internacionales y con un público muy distinto”, argumentó Pérez.
Llamado a diálogo
Los dirigentes de ADOBAD hicieron un llamado urgente al Congreso Nacional para abrir un espacio de diálogo real y escuchar a las asociaciones y propietarios del sector, de modo que la normativa se construya de manera equilibrada y sostenible.
“No pedimos privilegios, pedimos reglas justas”, concluyó Espinal.
La Asociación reiteró que si no se revisa el proyecto, su aprobación podría generar un efecto dominó de cierres de negocios, desempleo y quiebres familiares en todo el país.
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