Santo Domingo, República Dominicana – La Procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, rechazó de manera tajante las afirmaciones de la abogada de Gonzalo Castillo, quien solicitó la anulación de la acusación presentada contra su cliente en el marco de la Operación Calamar. Según la defensa del exministro de Obras Públicas, la acusación habría sido presentada fuera del plazo establecido. Sin embargo, Ortiz calificó esta solicitud como infundada y parte de un intento deliberado para evadir el proceso judicial.
La procuradora aseguró que el Ministerio Público cumplió de manera oportuna con la presentación de la acusación, y subrayó que si realmente la denuncia hubiera sido presentada fuera de los plazos, el Cuarto Juzgado de Instrucción no se habría apoderado del caso, ya que la Coordinación de los Juzgados de Instrucción es la encargada de verificar el cumplimiento de los plazos procesales.
“El Ministerio Público presentó la acusación de manera puntual. La solicitud de la defensa de Gonzalo Castillo es un intento para retrasar el avance del proceso judicial”, expresó Ortiz. Afirmó que la defensa de Castillo ha presentado “pataleos” en un claro intento por obstaculizar el juicio. La procuradora destacó que, en la audiencia pasada, la defensa de Castillo presentó un incidente infundado, buscando la nulidad de la acusación, lo que evidencia, según Ortiz, el temor de los imputados al avance del caso.
Ortiz recordó que el proceso está listo para continuar, y resaltó que el tribunal fue debidamente apoderado, con la entrega y sellado del expediente conforme al procedimiento establecido. “El 11 de abril, fecha en la que se recesó la audiencia, estaremos nuevamente listos para dar continuidad al proceso judicial”, concluyó la procuradora.
Sobre el Caso: La Operación Calamar
El expediente de la Operación Calamar involucra una serie de presuntos actos de corrupción que habrían desviado más de 19 mil millones de pesos del Estado. Los acusados en este caso son parte de un entramado que, según las investigaciones, habría obtenido pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y también habría recibido sobornos para financiar la campaña política del 2020.
Entre los principales acusados se encuentran José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia; Donald Guerrero, exministro de Hacienda; y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas. Además, también figuran en el expediente Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. También están implicados Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
Este caso sigue siendo uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en la administración pública, y el Ministerio Público sigue comprometido con su misión de garantizar la justicia.
