PRO CONSUMIDOR ADVIERTE SANCIONES SEVERAS A QUIENES VENDAN KITS ESCOLARES DEL GOBIERNO
Santo Domingo, R.D. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) advirtió que aplicará sanciones drásticas a los comercios que sean sorprendidos vendiendo los kits escolares distribuidos gratuitamente por el Gobierno a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que la institución actuará en atención a una solicitud formal del INABIE y aseguró que no solo se impondrán multas severas conforme a la Ley 358-05, sino que los comercios implicados podrían enfrentar la suspensión temporal de sus operaciones.
“No solo impondremos la sanción más severa que establece la ley, sino que se procederá a la suspensión temporal del establecimiento implicado en esta mala práctica comercial”, declaró Alcántara.
Según explicó, la medida responde a denuncias sobre la presencia de útiles escolares identificados con el logo de INABIE en algunos establecimientos comerciales. Estos kits están destinados exclusivamente a estudiantes de escuelas públicas y son distribuidos de manera gratuita para beneficiar a las familias más vulnerables del país.
El titular de Pro Consumidor adelantó que se pondrá en marcha un amplio operativo de inspección nacional, mediante un cronograma de verificaciones que abarcará comercios mayoristas y detallistas en todas las provincias, con el objetivo de detectar y frenar estas irregularidades, que constituyen un atentado contra el interés público.
De su lado, el director del INABIE, Víctor Castro, recordó que los kits incluyen mochilas, uniformes, cuadernos, lápices y otros útiles escolares, y que están siendo distribuidos desde el pasado 23 de junio en más de 6,000 escuelas públicas del país como parte del plan de apoyo previo al inicio del año escolar 2025-2026.
Castro indicó que cualquier comercialización de estos artículos será considerada una falta grave, que además podría conllevar la cancelación de contratos con el Estado y la inhabilitación del proveedor ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Las autoridades reiteraron su compromiso con la transparencia, la equidad y la protección de los derechos de los estudiantes y consumidores, advirtiendo que no tolerarán prácticas que comprometan recursos públicos destinados a la educación.
Luis Hernández
Redacción – Diario Digital
