jueves, junio 12, 2025
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Pro-Competencia investiga a dos empresas por presunta colusión en licitaciones públicas

Santo Domingo.– La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) informó este martes la apertura de una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis AGROCO, SRL y Credi Med, SRL, por su presunta participación en prácticas anticompetitivas en el marco de tres procesos de licitación pública realizados por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

De acuerdo con la resolución emitida, existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas compañías. Entre las evidencias preliminares se citan:

  • Similitudes sustanciales en las ofertas técnicas y económicas.

  • El uso del mismo notario público, a pesar de estar registradas en provincias distintas.

Este patrón sugiere una posible coordinación ilícita orientada a alterar las condiciones de libre competencia en los procesos de contratación estatal para el suministro de alimentos crudos.

Pro-Competencia fue enfática al señalar que esta etapa inicial no constituye una presunción de culpabilidad, sino que forma parte del debido proceso legal. Ambas empresas fueron notificadas formalmente y cuentan con 20 días hábiles para responder y ejercer su derecho a defensa.

En caso de comprobarse, la conducta sería violatoria del Artículo 5 de la Ley 42-08, que prohíbe acuerdos entre empresas para fijar precios o condiciones de forma concertada en procesos públicos. Las sanciones por este tipo de infracción pueden ascender hasta 3,000 veces el salario mínimo.

El expediente también ha sido notificado al Consejo Directivo de Pro-Competencia, a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y a los propios Comedores Económicos del Estado.

El organismo indicó que continuará con la recolección de pruebas, análisis de documentos y entrevistas para determinar si hubo una violación sancionable a la normativa vigente.

Este caso se convierte en un nuevo ejemplo del esfuerzo institucional por garantizar una competencia justa y transparente en la administración de los recursos públicos, en beneficio del interés nacional.

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