El Partido Revolucionario Moderno (PRM) enfrenta una nueva ola de críticas y cuestionamientos públicos tras las recientes vinculaciones de varios de sus miembros en casos relacionados con el narcotráfico, incluyendo al ciudadano Ethian Vásquez Amarante, esposo de la diputada oficialista por La Romana, Jacqueline Fernández Brito.
De acuerdo con las informaciones oficiales, Vásquez Amarante fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a solicitud de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), acusado de haber vendido sustancias ilícitas a un agente encubierto en 2021.
El detenido aceptó su extradición hacia Estados Unidos, donde será procesado judicialmente.
CONTEXTO POLÍTICO Y REPERCUSIÓN PÚBLICA
El caso ha tenido un fuerte impacto debido a los vínculos personales y políticos del acusado, quien fue pareja de la legisladora Jacqueline Fernández Brito, de quien se divorció formalmente el mismo día de su detención, el pasado 28 de octubre.
La diputada Fernández Brito ha sido objeto de atención mediática tras revelarse que su nominación como candidata a diputada en las elecciones pasadas fue producto de controversias internas dentro del PRM, luego de que otro proceso partidario en La Romana fuera impugnado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
MÁS CASOS Y POSICIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
Este episodio se suma a otros casos recientes que involucran a dirigentes y exfuncionarios del PRM en investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, entre ellos la exdiputada Rosa Amalia Pilarte y el regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera Silvestre.
Ante la presión mediática y la opinión pública, el Gobierno dominicano, a través de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, reiteró su compromiso con la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas.
“En el PRM no hay espacio para la impunidad ni la complicidad. Todo aquel que infrinja la ley responderá ante la justicia sin importar su posición”, expresó el ministro Paliza.
Por su parte, la vicepresidenta Peña aseguró que el Gobierno “mantiene una política firme contra el narcotráfico y la corrupción”, destacando que ninguna relación partidaria estará por encima del cumplimiento de la ley.
CERO IMPUNIDAD Y LLAMADO A LA CONFIANZA CIUDADANA
Desde el oficialismo se ha reiterado que los casos individuales no representan los valores ni principios del partido, y que se respetarán los procesos judiciales sin interferencias políticas.
El PRM reafirmó su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la aplicación estricta de la ley, enviando un mensaje claro de “cero tolerancia frente al crimen organizado”.
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