El presidente Daniel Noboa prorrogó por 30 días el estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos y el cantón Echeandía, en respuesta a la persistente crisis de violencia atribuida a bandas criminales y estructuras del crimen organizado.
La decisión, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 175, se sustenta en la “grave conmoción interna” que aún afecta a estas zonas, según informes oficiales emitidos entre finales de septiembre y el 3 de octubre.
“A pesar de que el Gobierno ha recurrido a medidas extraordinarias para combatir la violencia, se evidencia la continuidad en la intensidad del accionar de los grupos criminales que causan zozobra en la población”, señala el texto del decreto.
Medidas y facultades excepcionales
La renovación del estado de excepción otorga facultades especiales a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, autorizando operaciones conjuntas y la restricción temporal de derechos, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, en el marco de la seguridad pública.
Asimismo, se permite el uso regulado de la fuerza en tareas de control del orden interno y protección ciudadana, siempre bajo supervisión del Ministerio de Defensa y durante la vigencia del decreto.
Desde inicios de 2024, Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”, designando a las bandas criminales como grupos terroristas y ordenando la militarización de los centros penitenciarios dominados por dichas estructuras.
Escenario de tensión social
La extensión del estado de excepción ocurre en un contexto de creciente agitación social. Apenas dos días antes, el Gobierno había decretado la misma medida en diez provincias adicionales, ante la radicalización de protestas indígenas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Las movilizaciones, que iniciaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, se han ampliado para incluir demandas sobre el IVA, salud, educación y la consulta popular del 16 de noviembre, que podría abrir el camino hacia una Asamblea Constituyente.
Por el momento, el paro nacional afecta principalmente a cinco provincias, con Imbabura como epicentro.
En años anteriores, 2019 y 2022, la Conaie ya había logrado revertir decisiones similares sobre subsidios a combustibles mediante protestas masivas y bloqueos a nivel nacional.
Con este nuevo decreto, Noboa busca mantener el control interno en medio de una doble crisis: la violencia criminal y la presión social e indígena, que ponen a prueba la estabilidad de su administración.
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