SANTO DOMINGO. — El presidente de la República, Luis Abinader, se refirió este lunes a la acusación de narcotráfico que pesa sobre el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional, Edickson Herrera, también conocido como “Yeyea”, y dejó claro que, en su gobierno, “el que viole la ley, sea quien sea, debe enfrentar la justicia”.
Durante su alocución semanal en “La Semanal con la Prensa”, Abinader se limitó a respaldar el comunicado emitido por el PRM, subrayando que en la actualidad “ya las cosas no se esconden como en el pasado”. Con esta declaración, el mandatario buscó marcar distancia entre el Gobierno y el señalado dirigente político, en medio del creciente escrutinio público.
Por otro lado, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, confirmó que no existe una solicitud de extradición activa por parte de Estados Unidos en contra de Herrera, pese a que ese país lo vincula a una red de narcotráfico junto a José Aponte y el general retirado William Durán Jeréz.
Cabrera Ulloa insistió en que “no ha recibido nunca una línea para perseguir o no perseguir a alguien por pertenecer a un partido u otro”, intentando disipar dudas sobre posibles interferencias políticas en investigaciones criminales.
En una medida paralela, el Partido Revolucionario Moderno anunció este lunes que ha iniciado un proceso disciplinario contra el regidor. En su comunicado oficial, el PRM reconoció haber recibido con anterioridad una “denuncia informal” sobre los supuestos vínculos de Herrera con el crimen organizado. Esta denuncia, según indicaron, fue asumida por el Fiscal Nacional del partido “de manera oficiosa”.
“El PRM rechaza toda conducta delictiva, venga de donde venga. Cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado”, enfatizó la organización política, intentando tomar distancia de la creciente polémica que involucra a uno de sus miembros.
El caso de Edickson Herrera reaviva el debate sobre la penetración del narcotráfico en la política dominicana y pone a prueba la promesa de transparencia del Gobierno. Aunque aún no se ha formalizado ningún proceso judicial en su contra en el país, las acusaciones internacionales y el inicio de una investigación partidaria abren una nueva grieta en la narrativa oficialista de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
