Santo Domingo, República Dominicana – En medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso del aparato judicial para silenciar voces críticas, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), interpuso una nueva querella con constitución en actor civil contra la comunicadora Ingrid Jorge, acusándola de difamación e injuria a través de medios digitales.
La acción legal fue presentada por sus abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo ante la Fiscalía del Distrito Nacional, invocando presuntas violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y al artículo 367 del Código Penal, relativos a difamación pública y delitos cometidos vía plataformas electrónicas.
Sin embargo, el trasfondo político y la cercanía de los señalados con sectores críticos al Gobierno han provocado suspicacias en la opinión pública. No son pocos los que se preguntan si esta nueva ofensiva legal responde a la defensa legítima del honor o a un patrón de represión disfrazado de legalidad.
Segunda querella en menos de una semana
A esta acción se suma otra querella similar presentada apenas días antes por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también contra Jorge y el comentarista Ángel Martínez, radicada ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. En esa instancia, la funcionaria asegura haber sido objeto de declaraciones difamatorias relacionadas con presuntas conductas ilícitas y morales.
Ambos casos giran en torno a expresiones realizadas a través de redes sociales y plataformas como YouTube, que han ganado popularidad por servir de canal a opiniones no alineadas con los discursos oficiales.
Ángel Martínez: arrestado y señalado
El comunicador Ángel Martínez, radicado en Miami, fue arrestado en Puerto Plata el pasado lunes 26 de mayo, hecho que ha levantado voces preocupadas por el uso de la persecución penal frente a críticas abiertas al poder político. Aunque el Ministerio Público ha insistido en que se trata de un proceso judicial ordinario, diversas figuras del ámbito político y comunicacional han denunciado una escalada contra la libertad de expresión en la República Dominicana.
Litigios cruzados y antecedentes polémicos
La familia Jorge-Pérez ha sido objeto de acciones legales continuas por parte del diputado Moya, quien también mantiene un proceso abierto contra Claudia Pérez, “La Tora” —madre de Ingrid Jorge— por alegada difamación. En ese caso, la jueza Diana Moreno Rodríguez declaró en rebeldía a Pérez, aunque posteriormente se vio obligada a levantar esa condición tras su detención. Pérez, en respuesta, recusó a la magistrada y la sometió a juicio disciplinario, argumentando parcialidad.
También pesa sobre Martínez una orden de captura internacional, emitida en 2021 por una querella anterior de Moya, a raíz de sus comentarios críticos en medios digitales.
¿Límites al discurso o censura encubierta?
Los múltiples litigios impulsados por el legislador y la ministra Raful han revivido un debate espinoso en el país: ¿hasta dónde llega el derecho a la crítica pública en una democracia? Para algunos juristas y analistas, las querellas podrían constituir una forma de “lawfare” o guerra jurídica, diseñada para intimidar y neutralizar voces incómodas.
Mientras tanto, Ingrid Jorge y Ángel Martínez siguen sin ofrecer declaraciones oficiales sobre esta nueva acción, pero sus seguidores aseguran que se trata de una represalia orquestada desde el poder para silenciar denuncias que tocan intereses sensibles.
La próxima audiencia se espera en las próximas semanas, y desde ya, el caso promete encender nuevamente el debate sobre el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión en la era digital.
