Tras casi cinco años de persecución política, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del 2025 pospuso el inicio del juicio de fondo para el próximo 22 de septiembre a las 9:00 a.m., esto como consecuencia directa de la fusión de dos expedientes que solicitara y lograra la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción (PEPCA) en fecha 23 de junio, respecto al expediente del imputado Juan A. Martínez y el resto de los imputados de este caso.
La solicitud de fusión de la PEPCA generó que el Tribunal garantizara el derecho de defensa de las partes, reconociendo este último en el día de ayer que dicha fusión provocó una omisión en la aplicación del artículo 305 del Código Procesal Penal, luego de que el expediente del referido imputado fuera incorporado al principal, como lo había requerido la PEPCA.
De acuerdo con la defensa, la PEPCA ha entorpecido y dilatado este proceso desde el primer día. Con más de cuatro años de retrasos acumulados, ahora se añade un aplazamiento adicional de tres meses debido a lo que califican como una “innecesaria fusión” de un expediente de un imputado que, según aseguran, el ciudadano Jean Alain Rodríguez “no conoce y ni siquiera había visto antes”.
Los abogados del exprocurador también señalaron que el Ministerio Público busca atribuir falsamente el retraso a las defensas, ocultando que estas nunca solicitaron un aplazamiento. Según su planteamiento, de no haberse producido la fusión, el juicio de fondo ya estaría avanzando, lo que permitiría demostrar no solo supuestas violaciones al debido proceso, sino también que el patrimonio de Rodríguez es de origen lícito, como fuera reconocido por el juez de la audiencia preliminar.
Se recuerda que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal previamente apoderado, también estableció que las dilaciones del proceso habían sido responsabilidad del propio Ministerio Público y del Estado. Entre estas irregularidades citadas se incluyen la solicitud de prórrogas innecesarias, la ocultación de la carpeta fiscal y de pruebas a descargo, así como la entrega de supuestas pruebas en un disco duro defectuoso con documentos de otros casos, lo que obligó al Tribunal a ordenar su reparación en varias ocasiones, generando retrasos en cadena durante más de cuatro años.
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