Las autoridades del estado de Oregón presentaron este domingo una demanda judicial para detener el despliegue de tropas en Portland, tras la orden anunciada por el presidente Donald Trump un día antes.
El mandatario republicano, que ya había enviado efectivos militares a Los Ángeles y Washington, justificó la medida señalando que busca combatir la criminalidad y controlar las protestas contra su campaña de deportaciones masivas. Sin embargo, la demanda sostiene que Trump se extralimitó en sus funciones y que la decisión responde a “su deseo de normalizar el uso de tropas militares para actividades policiales nacionales ordinarias”, especialmente en estados gobernados por opositores políticos.
Argumentos de Oregón
El documento judicial subraya que las protestas en Portland han sido pacíficas y reducidas, con menos de 30 manifestantes y sin arrestos desde mediados de junio. “El despliegue autoritario de tropas por parte de Trump amenaza con escalar las tensiones y avivar nuevos disturbios”, indica la demanda.
La gobernadora Tina Kotek criticó la decisión y aseguró que la Casa Blanca no ofreció información ni plazos claros sobre la movilización militar. “No hay insurrección, no existe ninguna amenaza a la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra ciudad principal”, declaró.
Contexto nacional
El presidente Trump ha reforzado en los últimos meses su agenda contra la inmigración irregular, lo que organizaciones civiles denuncian como una persecución que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Además, ha prometido enfrentar lo que denomina una “red terrorista doméstica de izquierda”, lo que críticos consideran un intento por silenciar la disidencia.
La situación en Portland recuerda a lo ocurrido en el verano de 2020, cuando, durante su primer mandato, el despliegue de fuerzas federales en la ciudad provocó graves disturbios en medio de las protestas por justicia racial tras la muerte de George Floyd.
Con este nuevo envío de tropas, Trump reaviva la disputa legal sobre los límites del poder presidencial y la autonomía de los estados, abriendo un nuevo capítulo en el enfrentamiento político con gobernadores demócratas.
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