La nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que fortalece los controles para prevenir la corrupción en las compras del Estado, entra en vigor este miércoles, tras cumplirse el plazo de 180 días desde su promulgación por el presidente Luis Abinader, el 28 de julio del año pasado.
En ese contexto, el mandatario encabezará este miércoles el acto de firma del decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General, el cual traduce los principios de la ley en acciones concretas y define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo por parte de los actores que integran el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
De acuerdo con la Dirección General de Contrataciones Públicas, a partir de la entrada en vigor de la normativa se inicia un proceso de implementación gradual, que incluye una etapa de capacitación y acompañamiento técnico a las unidades de compras de las instituciones públicas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento integral de la legislación.
“El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, afirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La Ley 47-25 introduce un régimen de consecuencias más severo para prevenir y sancionar actos de corrupción en las compras públicas, impulsa la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, establece nuevas modalidades de contratación y dispone el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
Asimismo, incorpora criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos de contratación, como parte de las novedades orientadas a fortalecer la transparencia, la eficiencia y la modernización del sistema de compras del Estado.
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