La solicitud de medida de coerción del caso Cobra SENASA detalla que el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, habría obtenido más de RD$2,881 millones a través de un entramado de sobornos, facturaciones ficticias y maniobras financieras vinculadas a contratos irregulares dentro de la institución.
De acuerdo con la investigación, esta estructura operó de manera sistemática durante su gestión, generando un flujo millonario de recursos desviados del sistema público de salud.
Un intermediario clave en el movimiento del dinero
El expediente identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como la persona responsable de trasladar y manipular grandes sumas de dinero en efectivo. Según el Ministerio Público, Ortiz fungía como receptor de pagos ilegales provenientes de sobornos, estafas y facturaciones simuladas, actuando como enlace directo entre proveedores beneficiados y el entonces titular de la ARS estatal.
Las autoridades sostienen que este mecanismo permitía que Hazim se mantuviera alejado de la ejecución directa de los actos ilícitos, delegando en un allegado la responsabilidad de recibir dinero y canalizarlo a través de diversas empresas.
Empresas utilizadas para desviar fondos públicos
La investigación indica que las sociedades PDSS Servicios a tu Salud, S.R.L., y OGSS Prestadora de Servicios de Salud, S.R.L., fueron utilizadas como vehículos para mover recursos provenientes del esquema delictivo. Estas compañías recibían fondos originados en contrataciones irregulares dentro de SENASA y posteriormente los integraban al circuito financiero como si se tratara de operaciones legítimas.
El Ministerio Público sostiene que estas estructuras empresariales formaban parte del proceso de lavado de activos, facilitando la fragmentación de operaciones, ocultando beneficiarios reales y dando apariencia de legalidad a ingresos cuyo origen se presume ilícito.
Un diseño para evadir la trazabilidad
La acusación detalla que el esquema fue articulado para evitar la detección de los flujos financieros. Las transacciones se distribuían entre múltiples actores, y se hacía uso de empresas relacionadas con el círculo de confianza del exfuncionario.
Para las autoridades, el objetivo principal era encubrir la procedencia de los fondos desviados y mantener bajo perfil la participación del entonces director ejecutivo, al tiempo que se beneficiaba del manejo discreto del dinero generado por las operaciones fraudulentas.
Golpe directo al sistema público de salud
El Ministerio Público concluye que este entramado financiero produjo un daño significativo al patrimonio estatal, afectando recursos destinados a la atención médica de millones de afiliados.
Las evidencias recopiladas forman parte sustancial de la solicitud de coerción presentada ante los tribunales, dentro de lo que consideran una de las estructuras de corrupción más complejas detectadas en una entidad del sistema de seguridad social dominicano.
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