Santo Domingo, 23 de julio de 2025.
El Ministerio Público solicitó a la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra Johanna del Carmen Madera de Stanley, alegando reincidencia en delitos tecnológicos, suplantación de identidad y campaña de difamación agravada contra funcionarios e instituciones.
La solicitud de variación de medida de coerción se basa en la comisión de nuevos hechos delictivos por parte de la imputada, a pesar de haber sido condenada en noviembre de 2024 a tres años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. En ese proceso, el tribunal estableció que Madera de Stanley suplantó la identidad de la señora Karla Fitch para emitir amenazas dirigidas a padres del Colegio Mundo Creativo de Montessori, lo que provocó alarma en la comunidad educativa y movilización de organismos de seguridad.
El órgano persecutor sostiene que, pese a esa condena, la imputada ha continuado con prácticas delictivas similares. Apenas tres meses después de dictada la sentencia, fue judicializado un segundo caso en su contra, por el uso de la identidad suplantada para emitir amenazas de muerte contra el presidente de la República y los comunicadores Jaime Rincón y Julio Manuel Sierra.
Además, el Ministerio Público presentó evidencias que apuntan a la participación de Madera de Stanley en la financiación de una campaña de difamación e injuria contra el procurador adjunto Iván Féliz Vargas, quien tuvo a su cargo la investigación del primer caso. Dicha campaña habría sido ejecutada por la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, quien habría admitido públicamente haber actuado por instrucciones y con recursos de la imputada.
Ante estos hechos, el Ministerio Público solicitó la revocación de la medida de coerción actualmente vigente —que consiste en impedimento de salida y garantía económica— y su sustitución por prisión preventiva en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, conforme a lo establecido en el artículo 238 del Código Procesal Penal.
La institución afirmó que esta acción responde al deber de salvaguardar el interés público, proteger a las víctimas y evitar la reiteración de conductas que atentan contra el orden público y la integridad institucional. Asimismo, reiteró su compromiso con la lucha contra los delitos tecnológicos y con el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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