El Ministerio Público solicitó a la Corte de Apelación de Puerto Plata que aumente de dos a cinco años de prisión la condena impuesta en primera instancia contra Wander Samuel Franco Aybar, acusado de abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente.
De acuerdo con un comunicado oficial, la solicitud fue presentada conjuntamente por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata, con el objetivo de que el tribunal emita una nueva sentencia que refleje la gravedad de los hechos cometidos.
El Ministerio Público también pidió a la Corte rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, contra la sentencia que la condena a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, además del pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos y el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos.
“El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que imponga una condena de cinco años de prisión a Wander Samuel Franco Aybar, en correspondencia con la magnitud del delito y en defensa de los derechos de la víctima”, señala la nota de prensa.
DETALLES DEL CASO
La decisión de primera instancia condenó a Franco Aybar a dos años de cárcel, pena que el Ministerio Público considera insuficiente ante la evidencia presentada durante el proceso judicial. Según el expediente, el imputado incurrió en actos de abuso psicológico y sexual en perjuicio de una menor de edad, vulnerando disposiciones del Código Penal Dominicano y la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En tanto, Martha Vanessa Chevalier fue hallada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos, tras comprobarse su participación en la facilitación del delito y en operaciones financieras ilegales vinculadas al caso.
COMPROMISO CON LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS INFANTILES
El Ministerio Público reiteró su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia, así como con el fortalecimiento del sistema judicial para garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos sexuales.
Asimismo, reafirmó que continuará persiguiendo los crímenes de explotación y abuso infantil con rigor y transparencia, priorizando la reparación del daño causado a las víctimas y el cumplimiento estricto de las leyes dominicanas.
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