El Ministerio Público confirmó que en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) funcionó una estructura criminal altamente organizada que, según el expediente depositado ante los tribunales, distorsionó la transparencia institucional, manipuló los controles internos y ejecutó un esquema de corrupción sostenido que habría provocado un perjuicio millonario al patrimonio público.
La investigación establece que dicha red se instaló desde la llegada del entonces director ejecutivo Santiago Hazim, quien, de acuerdo con las autoridades, creó mecanismos paralelos de toma de decisiones y captó personal estratégico para ejecutar operaciones fraudulentas.
El expediente indica que la organización delictiva adulteró estados financieros de manera reiterada, creó programas especiales utilizados como “canales de sobornos” y desvió fondos mediante contratos con empresas vinculadas. Además, subordinó áreas técnicas esenciales —incluyendo tecnología— para favorecer la manipulación de procesos, eliminando barreras que pudieran impedir la ejecución del esquema.
De acuerdo con los fiscales, la estructura se ocupó de violentar los controles financieros internos, otorgar contratos irregulares a cambio de beneficios económicos y operar con un nivel de planificación que permitió que el esquema funcionara sin interrupciones durante años.
El Ministerio Público sostiene que la magnitud del fraude se confirma en los hallazgos contenidos en la solicitud de medidas de coerción, donde se describe que la operatividad mafiosa alcanzó los más altos niveles ejecutivos del seguro estatal.
Esta investigación ha sido formalizada dentro de la denominada “Operación Cobra”, que ha llevado a la detención de varios implicados y al sometimiento de otros actores bajo acusaciones graves que incluyen corrupción administrativa, asociación de malhechores, lavado de activos, falsificación de documentos, coalición de funcionarios y desfalco al Estado.
Las autoridades reiteraron que el proceso seguirá avanzando con base en las pruebas recolectadas y que cada uno de los responsables deberá responder ante la justicia por los actos cometidos en perjuicio de la institución y del sistema público de salud.
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