Santo Domingo, R.D. — Ante el creciente número de querellas y demandas por difamación e injuria, el Ministerio Público anunció que iniciará una investigación formal sobre el uso indebido e irresponsable de medios electrónicos y plataformas digitales en la República Dominicana.
La decisión responde a una preocupante tendencia registrada entre enero y abril de este año, período en el que se han presentado más de 70 querellas por presunta difamación, según informó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
“Nos preocupa el incremento sostenido de denuncias por difamación, especialmente aquellas que involucran el uso de redes sociales, medios digitales y plataformas audiovisuales para difundir acusaciones sin pruebas y afectar la honra de personas”, señaló la fiscal.
Figuras mediáticas en el centro del conflicto
Entre los principales querellados figuran comunicadores y figuras públicas de alto perfil, incluyendo:
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Ángel Martínez (“El Detective”)
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Claudia Pérez (“La Tora”)
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Ingrid Jorge (“La Torita”)
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Aquiles Jiménez
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Luis Alfredo Cabrera (“Kapulet”)
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José Maracallo
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Fernando Peña
Ángel Martínez enfrenta múltiples acusaciones, incluidas las interpuestas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y por el empresario Arnulfo Gutiérrez en Santiago. Por estos casos, ya le han sido impuestas medidas de coerción.
Tanto él como Ingrid Jorge están imputados por difamación contra Raful, mientras que Aquiles Jiménez enfrenta procesos por declaraciones difamatorias dirigidas al empresario Pedro Juan Lama y al actual presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara.
Advertencia institucional y línea de acción
La fiscal Ramos indicó que el Ministerio Público analizará posibles patrones de comportamiento delictivo en medios digitales, con el objetivo de aplicar el marco legal correspondiente y frenar la instrumentalización del espacio público para fines de acoso, descrédito o extorsión.
“La libertad de expresión es un pilar democrático, pero no puede ser utilizada como escudo para violar derechos fundamentales de otros ciudadanos. La ley establece límites claros cuando se trata del honor, la dignidad y la intimidad personal”, enfatizó.
El Ministerio Público exhortó a comunicadores, creadores de contenido y ciudadanos en general a ejercer su derecho a la libre expresión con responsabilidad y respeto, recordando que los delitos de difamación e injuria están tipificados y sancionados por el Código Penal dominicano y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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