Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader dispuso una nueva reestructuración en la alta dirección de la Policía Nacional mediante los decretos 133-26 y 134-26, que incluyen designaciones estratégicas, ascensos y retiros dentro de la institución del orden.
A través del decreto 133-26, el mandatario designó al general Esteban Figuereo García como subdirector general de la Policía Nacional, mientras que el general Ernesto Rafael Rodríguez García fue nombrado inspector general de la institución. Asimismo, el coronel Francisco Amparo Gómez Polanco fue ascendido al rango de general y designado director de Asuntos Internos, área clave en los procesos de supervisión y control disciplinario.
En tanto, mediante el decreto 134-26, el general Juan Hilario Guzmán Badía fue designado rector del Instituto Policial de Educación (IPE), entidad responsable de la formación académica y profesional de los miembros policiales.
Ascensos masivos y retiros
Las disposiciones presidenciales también contemplan el ascenso y pase a retiro de varios generales, entre ellos Julio C. Betances Hernández, Rufino Ant. Contreras Ruiz, Pedro E. Cordero Ubrí, Latif M. Mahfoud Rodríguez y Francisco J. Torres Dotel.
De igual forma, fueron ascendidos al rango de general varios coroneles, como parte del proceso de renovación y fortalecimiento de la estructura jerárquica de la institución.
En total, 9,514 miembros de la Policía Nacional recibieron ascensos, lo que representa uno de los movimientos administrativos más amplios dentro del cuerpo policial en los últimos años.
Impacto institucional y proceso de transformación
Estas decisiones se enmarcan dentro del proceso de reforma y modernización policial impulsado por el Gobierno, orientado a fortalecer la transparencia, la profesionalización y la capacidad operativa de la institución.
La reorganización de la cúpula y el fortalecimiento de áreas sensibles como la Inspectoría General y Asuntos Internos buscan consolidar mayores niveles de control institucional y confianza ciudadana, en un contexto donde la seguridad pública continúa siendo una de las principales demandas sociales.
Con estas medidas, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con la transformación estructural de la Policía Nacional y el fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana en la República Dominicana.
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