Santo Domingo, RD – 25 de abril de 2025 – A solo dos días de la marcha convocada para el 27 de abril, diversos legisladores y representantes sindicales se han pronunciado en torno al derecho ciudadano a manifestarse, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto del orden público.
El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, afirmó que no se necesita permiso para marchar, solo una notificación previa a las autoridades, y que los dominicanos están en su pleno derecho de expresarse. No obstante, opinó que la convocatoria carece de justificación, ya que el presidente Luis Abinader ha demostrado actuar en consonancia con el sentir popular, especialmente en materia migratoria.
🎙️ “No se necesita permiso para marchar, eso es un derecho. Pero esta protesta no tiene fundamento real, el presidente está actuando conforme a lo que exige el pueblo”, sostuvo Ramos.
Por su parte, el diputado del PRM, Ignacio Aracena, reconoció el derecho a la manifestación, pero advirtió que en el contexto social actual, una protesta masiva puede ser foco de conflictos. Hizo un llamado a los organismos competentes a evaluar cuidadosamente la aprobación de este tipo de actividades, priorizando siempre la seguridad y la paz social.
🎙️ “Tenemos que ser muy cuidadosos. El derecho a protestar es sagrado, pero también lo es garantizar la estabilidad del país”, declaró Aracena.
A su vez, el diputado Rogelio Genao valoró que la protesta refleja un sentir legítimo de sectores sociales, aunque subrayó que el orden debe prevalecer en todo momento. Genao aprovechó para reiterar la necesidad de un mayor rigor en la aplicación de la Ley 80/20, referente a políticas migratorias y laborales.
🎙️ “El orden debe mantenerse, pero también debemos escuchar estas voces. Es momento de hacer cumplir con más firmeza nuestras leyes migratorias”, expresó Genao.
Todos coincidieron en que el derecho a protestar es innegociable, pero exhortaron a los convocantes a realizar una jornada pacífica que no comprometa la estabilidad social ni altere el orden público.
