Santo Domingo. El 2024 fue un año de intensos debates y decisiones históricas en el Congreso Nacional de la República Dominicana. Entre las leyes más destacadas aprobadas se encuentran la Ley 22-24, que establece nuevos distritos judiciales en Santo Domingo, y la Ley 18-24, que redefine la normativa para la Cámara de Cuentas.
No obstante, la atención del país se centró en el controversial intento de aprobar la reforma de modernización fiscal. Durante las vistas públicas realizadas en octubre, diversos sectores rechazaron de manera unánime la propuesta, señalando que aumentaría la carga tributaria sin resolver problemas estructurales del sistema fiscal.
La oposición ciudadana, sumada a las críticas de organizaciones sociales, llevó al gobierno a reconsiderar la iniciativa. Los principales argumentos en contra de la reforma se basaron en la percepción de que afectaría negativamente a la clase media y a los sectores más vulnerables, además de la falta de consenso en su formulación.
En paralelo, el Congreso también aprobó una reforma constitucional que introdujo cambios significativos en el sistema político y judicial del país. Entre las modificaciones se destacan:
• La creación de un Consejo de Seguridad Nacional para abordar crisis internas.
• La prohibición explícita de la reelección presidencial consecutiva.
• La reducción del financiamiento público a los partidos políticos.
• El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, junto con medidas que garantizan mayor transparencia en los procesos judiciales.
• La unificación de las elecciones.
De cara al 2025, el Congreso tiene pendientes proyectos de gran importancia, como la posible revisión de la reforma fiscal y otras iniciativas enfocadas en mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
La experiencia del 2024 dejó en evidencia la necesidad de un diálogo inclusivo y de que las políticas públicas tomen en cuenta las preocupaciones de la ciudadanía, marcando un precedente para futuros debates legislativos.
