Por: Bileidy Medina
Santo Domingo – En 2024, el Congreso Nacional de la República Dominicana aprobó varias leyes. Entre ellas la Ley 22-24, que establece nuevos distritos judiciales en Santo Domingo o la Ley 18-24 que establece una nueva normativa para la cámara de cuentas
Sin embargo, el intento de aprobar una reforma fiscal, conocida como reforma de modernización fiscal generó controversia. Durante las vistas públicas en octubre, diversos sectores expresaron un rechazo unánime a la propuesta, argumentando que aumentaría la carga tributaria sin resolver problemas estructurales.
La fuerte oposición ciudadana y de organizaciones llevó al gobierno a reconsiderar la reforma. Las críticas se centraron en la falta de consenso y en la percepción de que la medida afectaría negativamente a la clase media y a los sectores más vulnerables.
En el 2024, en la República Dominicana también se aprobó una reforma constitucional que introdujo cambios significativos. Entre las modificaciones más relevantes se incluyó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para abordar crisis internas, la prohibición explícita de la reelección presidencial consecutiva y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Además, se fortaleció la independencia del Poder Judicial, garantizando mayor transparencia en los procesos judiciales y la unificación de las elecciones.
De cara al 2025, el Congreso tiene pendientes proyectos clave, incluyendo una posible revisión de la reforma fiscal y otras iniciativas orientadas a mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión pública.
La experiencia de la reforma de modernización fiscal resalta la importancia de un diálogo inclusivo y de considerar las preocupaciones de la ciudadanía en la formulación de políticas.
