La alta exposición de República Dominicana a fenómenos climáticos extremos representa un desafío creciente para sus finanzas públicas. Las recientes lluvias provocadas por la tormenta Melisa dejaron numerosas localidades incomunicadas debido a inundaciones y deslaves en zonas agrícolas y vías de gran producción, mientras se espera un aumento de las precipitaciones con el paso del fenómeno por Jamaica y Cuba.
El país recibe asistencia técnica y financiera de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la FAO y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la capacidad de respuesta se ve limitada por la carga de la deuda: este año, el 27% del PIB se destinará al pago de intereses y amortizaciones, mientras la deuda pública alcanza el 60% del PIB, reduciendo el margen para inversiones sociales y en adaptación climática.
El Índice Mundial de Riesgo 2023 ubica a República Dominicana entre los 41 países más vulnerables del mundo, y el Banco Mundial advierte que eventos climáticos podrían generar pérdidas de hasta 1% del PIB. Además, sin medidas de mitigación, se estima que 110,000 personas más podrían caer en pobreza para 2050.
El Banco Mundial ha otorgado recientemente US$200 millones tras el paso del huracán Fiona para apoyar la gestión del riesgo climático y la recuperación inclusiva, mientras que la FAO colabora en proyectos agrícolas y ambientales, junto al Fondo Verde para el Clima, el mayor mecanismo multilateral de financiación para la acción climática.
El BID, a través de su programa BID CLIMA, busca facilitar el acceso a mercados de deuda verde y movilizar capital para inversiones en clima y naturaleza, beneficiando a República Dominicana como uno de los diez países seleccionados para proyectos piloto con financiamiento de US$1,000 millones.
En términos fiscales, la deuda del Sector Público No Financiero cerró agosto en 46.36% del PIB (RD$57,587.2 millones), proyectándose que alcance 60% del PIB al cierre de 2025 (RD$60,182.9 millones). La combinación de vulnerabilidad climática y rigidez fiscal plantea un reto significativo para la sostenibilidad social y económica del país.
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