Por Laura Santos
SANTO DOMINGO. – Una disputa legal y comunitaria mantiene enfrentados, desde hace más de tres años, a los residentes de Los Cacicazgos y a los propietarios del centro educativo Baby First School, ubicado en una zona estrictamente residencial, según denuncia la junta de vecinos del sector.
Los miembros de la junta alegan que la operación del colegio viola leyes educativas y de condominio, al establecer un local comercial en una zona que, según afirman, no permite ese tipo de uso de suelo.
En declaraciones públicas, el miembro de la junta, Emil Tapia, expresó que la apertura y funcionamiento de la escuela representa un desafío a la normativa comunitaria y una alteración de la tranquilidad en la zona.
Por otro lado, la defensa legal de la propietaria del centro educativo, Jennifer Taveras, sostiene que el colegio opera bajo el amparo de los permisos legales emitidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Educación, y que el inmueble ya había sido utilizado previamente con fines educativos antes de que ella lo adquiriera.
“ESTE CASO NO DEBE SER OTRO EPISODIO DE PRIVILEGIOS”
Tras la última audiencia en el Juzgado de Paz, Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos Contra la Corrupción, denunció que la junta de vecinos estaría utilizando contactos dentro de la Procuraduría General de la República para presionar por el cierre del colegio, en lo que catalogó como un abuso de poder y privilegios institucionales.
“La presión que se ejerce aquí no es comunitaria, es política. No se puede usar el poder para aplastar emprendimientos ni para bloquear proyectos educativos bajo pretextos administrativos”, afirmó Pichardo.
“QUEREMOS PAZ EN NUESTRA ZONA”, RESPONDE LA JUNTA
Pese a la defensa de los propietarios, los residentes organizados insisten en que el colegio debe ser cerrado. Alegan congestión vehicular, contaminación acústica y desorden en la dinámica barrial.
El conflicto continúa escalando y el caso permanece bajo conocimiento judicial. De fondo, queda la interrogante sobre si este proceso terminará siendo un caso emblemático de abuso de poder comunitario o una defensa legítima del orden residencial y urbanístico.
