Una jueza federal de Estados Unidos suspendió parcialmente el decreto presidencial de Donald Trump que sancionaba al influyente bufete Perkins Coie, firma que ha trabajado con el Partido Demócrata en diversos procesos legales, incluida la campaña electoral de 2016.
Restricciones impuestas y respuesta judicial
El pasado 6 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva acusando a Perkins Coie LLP de participar en “actividad deshonesta y peligrosa”, lo que llevó a las agencias federales a restringir el acceso de sus abogados a información clasificada y edificios gubernamentales.
En respuesta, el bufete interpuso una demanda contra la administración Trump, argumentando que la medida tenía como objetivo intimidar a sus opositores políticos y violaba sus derechos legales.
Decisión judicial y efectos inmediatos
Este miércoles, la jueza Beryl Howell ordenó suspender parcialmente las restricciones impuestas por el decreto. La decisión permite que el bufete recupere su acceso a instalaciones gubernamentales y a funcionarios públicos, aunque mantiene las restricciones sobre sus acreditaciones de seguridad.
Antecedentes y contexto político
Perkins Coie estuvo en el centro de la controversia en 2016, cuando contrató a una empresa para investigar los supuestos vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump. De esta investigación surgió el conocido dosier Steele, financiado en parte por la campaña de Hillary Clinton y elaborado por el exagente británico Christopher Steele.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha emprendido diversas acciones contra exfuncionarios del Departamento de Justicia, el FBI y otras agencias gubernamentales a las que acusa de haber conspirado en su contra.
Perkins Coie, con más de 2,500 empleados, ha sido un actor clave en el ámbito legal y político de Estados Unidos durante más de un siglo, lo que convierte este enfrentamiento en un punto crítico dentro de la administración actual.
