Santo Domingo, R.D. – La desaparición de la estudiante universitaria Sudiksha Konanki en Punta Cana ha generado un intenso debate sobre la actuación de las autoridades y la posible responsabilidad de Joshua Steven Riibe, ciudadano estadounidense señalado en este lamentable suceso. De acuerdo con el presidente de la organización Proyecto Visión Nación, apóstol José Cristopher, Riibe no es un asesino, pero sí “un homicida involuntario”.
Según Cristopher, la versión oficial presentada por el Sheriff Michael Chapman, de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun, debe ser tomada en cuenta, pues descarta las especulaciones lanzadas por el detective privado TJ Ward, quien sugirió que podría tratarse de un crimen. Para el líder religioso y abogado, Ward habría aprovechado el morbo popular y actuado de manera irresponsable, afectando la percepción pública del caso.
Cristopher narra un escenario que, de ser cierto, presenta a Riibe y Konanki en un estado de embriaguez, ingresando al agua sin estar en condiciones adecuadas. Según su testimonio, Riibe habría intentado ayudar a Konanki cuando fueron sorprendidos por las olas. Sin embargo, su incapacidad para salvarla lo llevó a abandonar a la joven para salvar su propia vida, lo cual, para Cristopher, constituye un homicidio involuntario debido a la imprudencia demostrada.
El apóstol también criticó el desempeño de las autoridades dominicanas, asegurando que los fiscales encargados del caso no interpretaron correctamente la declaración de Riibe ni consideraron adecuadamente el estado de desesperación en que este se encontraba. Además, instó al Estado Dominicano a investigar con seriedad todos los casos de personas desaparecidas en el país en los últimos años, resaltando la necesidad de un sistema judicial más eficiente y justo.
El caso de Sudiksha Konanki sigue generando interrogantes que requieren respuestas claras y basadas en pruebas sólidas. En este sentido, la voz de figuras públicas como el apóstol José Cristopher plantea cuestionamientos válidos sobre la actuación de las autoridades y la transparencia del proceso investigativo.
