Miles de personas salieron este jueves a las calles de toda Francia en una “jornada negra” de huelgas y manifestaciones contra los recortes sociales previstos en el presupuesto de 2026 y contra la política fiscal del presidente Emmanuel Macron.
Las autoridades estimaron hasta 900.000 manifestantes, cifra cinco veces mayor a la del 10 de septiembre y comparable a las multitudinarias protestas de 2023 contra la reforma de las pensiones. La movilización paralizó trenes, autobuses, escuelas y provocó el cierre masivo de farmacias.
“Estamos hartos de que nos cobren impuestos a mansalva” y de tener “dificultades para llegar a fin de mes desde el día 15”, denunció Samuel Gaillard, sindicalista de la CGT en Villeneuve-d’Ascq.
El gobierno desplegó 80.000 policías y gendarmes ante el temor de bloqueos y disturbios. Según la policía, unas 8.000 personas participaron en cortes de carreteras, liceos y autobuses en las primeras horas, con más de 50 detenciones.
El descontento se centra en el plan presupuestario de 2026, inicialmente presentado por François Bayrou, que contemplaba recortes por 44.000 millones de euros y la eliminación de dos días feriados. Aunque el Parlamento lo rechazó y el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró que los feriados se mantendrán, los sindicatos decidieron mantener la protesta.
“El presupuesto se decidirá en las calles”, advirtió la líder sindical Sophie Binet, quien exigió la eliminación de los recortes, la derogación de la reforma de pensiones de 2023, mayor justicia fiscal y más recursos para los servicios públicos.
La protesta también sumó el reclamo de la llamada “tasa Zucman”, un impuesto del 2 % a patrimonios superiores a 100 millones de euros. Aunque Lecornu rechazó la medida, dijo estar “dispuesto” a debatir alternativas.
Según una encuesta de Elabe, el 56 % de los franceses apoya la movilización. El contexto económico agrega presión: el déficit se sitúa en 5,8 % del PIB y la deuda pública en 114 %, mientras la agencia Fitch degradó la calificación de la deuda francesa a “A+” por la inestabilidad política y la incertidumbre fiscal.
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