Una investigación periodística generó controversia en la opinión pública al denunciar que aportes supuestamente descontados de los salarios de empleados del ITLA habrían sido utilizados para financiar un movimiento político fundado y coordinado por el actual rector de la institución, Rafael Féliz García.
Según la denuncia, los recursos habrían sido canalizados de manera irregular, lo que provocó cuestionamientos sobre el uso de fondos provenientes de empleados públicos y la posible vinculación de la institución académica con actividades de carácter político-partidario.
Ante estos señalamientos, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) negó de forma categórica que existan descuentos o deducciones salariales destinados a fines políticos, asegurando que no hay ninguna disposición administrativa ni normativa interna que autorice ese tipo de prácticas.
La institución afirmó que su gestión se rige estrictamente por la ley, el respeto a los derechos laborales y los principios de transparencia, y sostuvo que cualquier aporte o contribución de su personal se realiza de manera voluntaria y conforme a la normativa vigente.
El ITLA reiteró que mantiene una clara separación entre sus funciones académicas e institucionales y cualquier actividad política, subrayando su compromiso con la formación tecnológica, la ética pública y el buen uso de los recursos.
La denuncia ha generado reacciones en distintos sectores, mientras se espera mayor claridad sobre el origen de las informaciones y eventuales verificaciones por parte de los organismos correspondientes.
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