La Fundación Foro Cívico y Social (FFCyS) denunció este lunes que, a pesar de haber completado gestiones formales durante más de dos años, realizar pagos y contar con permisos aprobados, el Estado dominicano ha bloqueado la ejecución de una campaña educativa nacional centrada en la promoción de principios morales y valores patrióticos.
El proyecto, concebido como una cruzada cívica para rescatar los fundamentos de la convivencia democrática, buscaba instalar 28 vallas educativas en la autopista Duarte, entre Santo Domingo y Santiago, como parte de su primera etapa. Según la Fundación, esta campaña estaba alineada con la Ley de Educación 66-97 y el mandato constitucional del artículo 63, numeral 13, y había sido aprobada técnicamente por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Sin embargo, la FFCyS asegura que el proyecto fue obstaculizado mediante “exigencias incoherentes”, como establecer distancias arbitrarias para las vallas que, según denuncian, las harían prácticamente invisibles al público. Mientras las vallas comerciales se encuentran comúnmente a 1.5 o 2 metros del borde de la vía, a la Fundación se le exigió instalarlas a más de 12 metros y en propiedades privadas, contradiciendo la práctica vigente y la aprobación inicial del INTRANT.
“Nos arrebataron el progreso… y ahora nos quieren negar los principios. Esto no es un tema técnico: es una resistencia ideológica de los mismos sectores que durante décadas negaron al pueblo su derecho a la formación cívica y moral”, expresó el presidente de la Fundación, Dr. Isaías Ramos, en un artículo de opinión.
Entre los mensajes diseñados para la campaña se encontraban frases como: “Sin valores no hay nación”, “La patria no se hereda, se honra” y un nuevo lema nacional propuesto:
Dios nos da fuerza,
la Patria nos une,
la Libertad nos levanta.
La FFCyS valoró como positiva la reciente decisión del Ministerio de Educación de reintroducir la asignatura de Moral y Cívica en el currículo escolar para el año 2025–2026, aunque recordó que dicha medida llega con 28 años de retraso respecto a la ley y 15 años de incumplimiento constitucional.
“La ausencia de educación cívica es una deuda histórica. Aplaudimos su regreso, pero exigimos responsabilidad para quienes abandonaron esa misión durante décadas”, señaló Ramos.
Finalmente, la Fundación anunció que dejará de insistir por la vía institucional bloqueada, y solicitará la devolución de los fondos pagados para redirigirlos hacia nuevas estrategias educativas, más eficientes y alejadas de lo que calificaron como “manipulación política”.
“No se trata de ceder, se trata de avanzar por el camino correcto. Seguiremos educando donde el Estado ha fallado. Porque sin valores no hay nación. Y nosotros no estamos dispuestos a perderla”, concluyó.
