“Franklin Romero: la tecnología al servicio de la vida y la seguridad de las mujeres.”
El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, destacó la importancia de la incorporación de dispositivos telemáticos en los casos de violencia de género, medida que forma parte de la modificación del Código Penal recientemente aprobada y que fue propuesta por él.
El legislador señaló que el uso de estos dispositivos como brazaletes, tobilleras o pulseras electrónicas con geolocalización permitirá reforzar las órdenes de protección y restricción emitidas por los jueces, ofreciendo una mayor seguridad a las víctimas y un mecanismo de control más efectivo sobre los agresores.
“Esta herramienta es esencial para prevenir y reducir los feminicidios en nuestro país. Con su implementación, el Estado podrá garantizar una protección real y continua a las mujeres que enfrentan situaciones de riesgo”, expresó Romero.
Protección integral y reforma judicial
El senador explicó que, mediante su propuesta, se habilita a los jueces para disponer el uso de estos dispositivos cuando lo consideren necesario y mediante resolución debidamente motivada, como parte de las medidas de protección contempladas en el artículo 130 del Código Penal.
Asimismo, Romero subrayó que la reforma busca fortalecer el sistema judicial y evitar que las órdenes de alejamiento se queden solo en el papel, dotando a las autoridades de herramientas tecnológicas que permitan una vigilancia efectiva y preventiva.
Órdenes de protección propuestas
Entre las medidas incluidas en la propuesta legislativa se encuentran:
-
Orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar a la víctima.
-
Orden para impedir que el agresor se acerque al domicilio, lugar de trabajo o sitios frecuentados por la víctima.
-
Orden que prohíbe cualquier tipo de contacto con la víctima.
-
Desalojo temporal del agresor del hogar.
-
Orden que impide trasladar a los hijos sin consentimiento.
-
Custodia temporal de los hijos a favor de la víctima.
-
Reposición de bienes destruidos o sustraídos.
-
Internamiento de la víctima en refugios o centros de acogida.
-
Asistencia médica y orientación psicológica para la víctima y su familia.
-
Orden de rendición de cuentas sobre bienes compartidos.
-
Prohibición de enajenar o trasladar bienes comunes o exclusivos de la víctima.
Romero enfatizó que estas disposiciones permitirán al Estado ofrecer una respuesta firme y efectiva frente a la violencia de género, reduciendo los índices de feminicidios y garantizando la protección integral de las mujeres.
About the Author
