Santo Domingo, R.D. – La reciente demanda interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, contra la comunicadora Ingrid Jorge y el abogado Ángel Martínez, ha encendido las alarmas en sectores que defienden la libertad de expresión en República Dominicana, ante lo que muchos consideran el ensayo general de una futura “ley mordaza”.
Aunque es cierto que el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología permiten la persecución judicial por difamación e injuria, expertos y comunicadores advierten que el uso reiterado de estas herramientas por parte de funcionarios públicos busca enviar un mensaje de intimidación: quien critique al poder, podría enfrentar cárcel.
“No se trata de justicia, se trata de control. Si a cada crítica política le van a responder con una querella, entonces ¿qué tipo de democracia estamos construyendo?”, señaló un jurista consultado que pidió reserva de su nombre.
La ministra Raful se querelló tras declaraciones de Jorge y Martínez que la vinculan con supuestos actos impropios. Sin embargo, para muchos, el objetivo real de esta ofensiva legal no es aclarar hechos, sino disciplinar la opinión pública, en un contexto donde el gobierno busca mayor control sobre los medios digitales y redes sociales.
Desde hace meses, sectores oficialistas han sugerido la necesidad de “regular” el uso de las plataformas digitales. Esta demanda sería la punta del iceberg de una estrategia más amplia para restringir contenidos incómodos al poder político, según denuncian analistas.
“Lo que se está cocinando es una ley mordaza disfrazada de protección a la honra. Y si no alzamos la voz ahora, mañana será demasiado tarde”, expresó Ingrid Jorge, tras afirmar que no se retractará ni cederá a presiones políticas.
La sociedad civil y los medios están llamados a estar atentos: el derecho a defender la reputación no puede convertirse en un arma para perseguir la disidencia ni para coartar el pensamiento crítico, advirtió la comunicadora.
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