La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que, a partir de octubre, la Fuerza de Tarea Conjunta implementará un plan nacional para retirar de circulación armas de fuego en manos de civiles que incumplen la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.
El anuncio se produjo al concluir la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. Raful explicó que la iniciativa se centrará en provincias y demarcaciones con mayor incidencia de homicidios y conflictos sociales, donde las armas juegan un papel determinante.
“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y llevadas al Ministerio de Interior y Policía, donde deben ser objeto de una fiscalización que permita identificar su trazabilidad y origen”, afirmó la funcionaria.
Periodo de gracia para licencias vencidas
La ministra anunció que entre octubre y diciembre se aplicará un periodo de gracia para ciudadanos con licencias vencidas, quienes podrán actualizar su estatus con facilidades en el pago.
“Se trata de una oportunidad para que aquellas personas que tienen mucho tiempo sin legalizar sus armas regularicen su situación y pongan sus licencias al día”, puntualizó.
Datos sobre armas recuperadas
Según estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales:
-
3,958 eran ilegales
-
364 tenían licencias vencidas
-
1,228 estaban vinculadas a procesos judiciales
La tasa de homicidios nacional se sitúa en 8.1 por cada 100 mil habitantes, con provincias como Dajabón y Azua mostrando niveles de riesgo elevados.
Nuevos avances legales
Raful recordó además que el nuevo Código Penal contempla la creación de un registro de agresores sexuales, bajo la responsabilidad del Ministerio Público, el cual será presentado próximamente en el marco de los trabajos de la Fuerza de Tarea.
Compromiso con la seguridad
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana, regular las armas de fuego y reducir los índices de violencia, especialmente en las comunidades más vulnerables del país.
