Santo Domingo.
El general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, se entregó voluntariamente a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos, en la que también figura como acusado el regidor del PRM, Edickson “Yeyea” Herrera Silvestre.
Fuentes oficiales confirmaron que Durán Jerez fue trasladado en un vuelo privado desde territorio dominicano, bajo custodia de agentes federales. En la misma aeronave viajaban otros dos individuos, cuyas identidades no han sido reveladas hasta el momento.
Durán Jerez fue separado de la Policía Nacional en 2009 por el entonces presidente Leonel Fernández, mediante el decreto 161-09, alegando “antigüedad en el servicio”. Durante su carrera policial, ocupó cargos clave como supervisor general de la Junta Central Electoral (JCE) y en la Dirección de Seguridad Preventiva.
La entrega del exoficial se produce semanas después de que Herrera Silvestre, regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, también se entregara a la justicia estadounidense en un vuelo comercial hacia Miami, requerido por el Tribunal de Distrito del Sur de Florida bajo el expediente 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN.
Investigación y cargos federales
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Durán Jerez y Herrera están vinculados a una red internacional de narcotráfico que habría operado entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con operaciones en Miami, República Dominicana y otras jurisdicciones.
El expediente federal señala que ambos estarían involucrados en una conspiración para importar, distribuir y traficar drogas a gran escala, además de participar en lavado de activos y posesión de sustancias con intención de distribución.
Los cargos incluyen:
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Conspiración para importar sustancias controladas
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Distribución con intención de importación ilegal
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Tentativa y conspiración para distribuir
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Posesión con intención de distribuir
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Decomiso criminal
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Importación y exportación de químicos regulados
De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan penas mínimas de 10 años de prisión y podrían recibir cadena perpetua, así como multas de hasta US$10 millones, dependiendo de la cantidad de droga involucrada.
Este caso refuerza la creciente preocupación internacional sobre la infiltración del narcotráfico en estructuras políticas y de seguridad en la región.
