La devolución de RD$3,000 millones por parte de Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina Sánchez, como parte de un acuerdo con el Ministerio Público, ha generado una tormenta política y social en la República Dominicana. Diversas voces advierten que este pacto legaliza la corrupción y envía un mensaje peligroso a la sociedad: “si se roba mucho, siempre habrá margen para negociar y evitar consecuencias mayores”.
El periodista Salvador Holguín, en su espacio “Diciendo lo que otros callan”, denunció que el acuerdo representa “una vergüenza nacional” y “un golpe mortal a la confianza ciudadana” en la justicia dominicana.
“Este convenio con Maxi Montilla no es equidad, es un pacto con la corrupción e impunidad. Le dice a los corruptos del presente y del futuro que pueden saquear el erario, devolver una parte y salir libres. Es un insulto a la moral social y un engaño a los dominicanos honestos”, declaró Holguín.
UNA SOMBRA SOBRE LA FAMILIA MEDINA
El comentario también resalta el contraste con la figura de Cándida Montilla, esposa del expresidente y hermana de Maxi, a quien Holguín definió como “una mujer íntegra, digna y respetada”, cuyo prestigio y gestión como primera dama “quedan manchados por la sombra de putrefacción que hoy empaña el apellido de su familia”.
UN PELIGROSO PRECEDENTE PARA EL FUTURO
El acuerdo sienta un precedente alarmante que, según diversos analistas, estimula la corrupción y debilita la institucionalidad. La posibilidad de devolver parte del dinero robado para evitar procesos judiciales podría, según críticos, convertir la corrupción en “una inversión de bajo riesgo”.
“La juventud dominicana, que hoy lucha por transparencia y un país más justo, recibe un mensaje devastador: robar al Estado no solo es posible, sino que puede salir barato”, advirtió Holguín.
JUSTICIA SELECTIVA Y DESIGUALDAD ANTE LA LEY
La indignación ciudadana crece ante lo que muchos consideran un doble rasero en la aplicación de la ley: mientras a los corruptos se les permite negociar su libertad, al ciudadano común se le aplica todo el peso de la justicia por delitos menores.
Diversos sectores coinciden en que este tipo de acuerdos erosiona la credibilidad del sistema judicial y profundiza la desconfianza social hacia las instituciones encargadas de perseguir la corrupción.
UN LLAMADO A SANCIONES EJEMPLARES
Holguín y otros líderes de opinión coinciden en que la República Dominicana necesita sanciones contundentes que sienten precedentes ejemplares y obliguen a los administradores de los recursos públicos a actuar con honestidad y transparencia.
“La depravación no puede convertirse en un negocio seguro. El país debe decidir si quiere ser una nación de justicia y valores o un Estado donde los corruptos negocian su impunidad con dinero mal habido”, puntualizó.
UN GOLPE A LA MORAL SOCIAL
Para críticos del acuerdo, la devolución de los RD$3,000 millones no representa justicia, sino un pacto con la impunidad que atenta contra la dignidad social y la memoria de los dominicanos honestos que trabajan cada día para sobrevivir en un contexto de carencias y desigualdades.
About the Author
