Santo Domingo.- El empresario José Enrique Yáber y su esposa Michelle Pomares denunciaron que llevan más de cuatro años enfrentando un proceso judicial tras haber entregado US$300,000 para la compra de un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte, el cual, según afirman, fue transferido a terceros sin su conocimiento.
De acuerdo con la pareja, el conflicto inició en noviembre de 2017, tras firmar un contrato de promesa de venta del apartamento 11-A, cuya entrega estaba prevista para enero de 2019. Sin embargo, al no cumplirse el plazo, iniciaron gestiones que los llevaron a descubrir presuntas irregularidades en la titularidad del inmueble.
Según sostienen, el 25 de febrero de 2020 unas 26 unidades del proyecto fueron transferidas a una empresa de reciente creación, mientras que otras habrían sido traspasadas a sociedades que, alegadamente, ni siquiera estaban constituidas al momento de las operaciones.
Ante estos hallazgos, en marzo de 2021 interpusieron una querella penal por presunta asociación de malhechores, abuso de confianza, bancarrota y lavado de activos. Desde entonces, aseguran que el proceso ha estado marcado por retrasos, archivos judiciales y múltiples incidentes procesales.
La defensa legal indicó que la Fiscalía del Distrito Nacional archivó inicialmente parte del caso sin agotar diligencias clave, lo que obligó a recurrir ante la Corte de Apelación, instancia que revocó dicha decisión y ordenó continuar el proceso contra los implicados.
Asimismo, señalaron que el tribunal de primera instancia ordenó nuevas diligencias de investigación que, según alegan, no fueron ejecutadas oportunamente, lo que generó nuevas acciones judiciales para exigir su cumplimiento.
Actualmente, el expediente se encuentra en la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde fue fijado el juicio de fondo para el 18 de marzo de 2026.
La defensa expresó que espera que el caso finalmente sea conocido en esta etapa, destacando que el expediente contiene documentación sobre las transferencias cuestionadas y el manejo de los fondos entregados.
El caso también pone en debate la eficacia de los mecanismos de protección para compradores en el sector inmobiliario, así como la respuesta institucional ante este tipo de conflictos.
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