El Tribunal Supremo de Estados Unidos mostró este martes una postura favorable a levantar la prohibición de las llamadas “terapias de conversión” vigente en el estado de Colorado, al considerar que podría vulnerar la libertad de expresión de quienes las practican.
Durante la audiencia, los magistrados —de mayoría conservadora— debatieron si los estados tienen autoridad para prohibir este tipo de prácticas sin violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
El origen del caso
El proceso judicial se originó tras la demanda de la terapeuta cristiana Kaley Chiles, quien argumenta que la ley estatal le impide “hablar libremente con sus pacientes” y expresar su orientación religiosa en sesiones de consejería. La Administración del expresidente Donald Trump respaldó su postura legal.
Chiles asegura que su derecho constitucional está siendo limitado, mientras el fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson, defendió la constitucionalidad de la ley afirmando que “no existen pruebas científicas que avalen la eficacia de las terapias de conversión”.
“La gente lleva cien años intentando aplicar terapias de conversión sin éxito. No hay ningún estudio que demuestre su eficacia”, declaró Stevenson ante los jueces.
Posturas enfrentadas
Los magistrados conservadores expresaron escepticismo ante la capacidad del estado para restringir este tipo de prácticas, sugiriendo que la prohibición podría constituir una censura estatal. En contraste, las asociaciones médicas y de derechos humanos han reiterado que estas terapias carecen de validez científica y pueden causar daños psicológicos graves.
Las “terapias de conversión” buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, generalmente con fundamentos religiosos o ideológicos. Diversos estudios han demostrado que quienes se someten a ellas presentan mayores índices de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.
Un precedente con impacto nacional
Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), 17 países han prohibido por ley estas prácticas, mientras que en Estados Unidos más de 20 estados mantienen regulaciones similares.
El fallo del Supremo, que se espera en los próximos meses, podría sentar un precedente con profundas repercusiones legales y sociales, ya que determinará hasta qué punto los estados pueden intervenir en prácticas que involucran creencias religiosas y libertad de expresión.
Si el veto se levanta, podría abrir la puerta a la relegalización de las terapias de conversión en varias jurisdicciones del país, reavivando uno de los debates más sensibles sobre derechos civiles y libertad religiosa en Estados Unidos.
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